Resumen para apurados
- El legislador Gerónimo Vargas Aignasse rechazó este martes en Tucumán la demanda opositora contra la reelección de Osvaldo Jaldo, al considerar que busca proscribirlo judicialmente.
- La oposición impugnó el artículo 90 de la Constitución local. El oficialismo sostiene que la norma avala la candidatura tras dos mandatos previos como vicegobernador.
- La disputa legal definirá si la Corte Suprema nacional interviene en los comicios provinciales o si Jaldo queda habilitado para competir en las urnas.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse rechazó este martes la presentación judicial de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial y sostuvo que busca impedir la reelección del gobernador Osvaldo Jaldo mediante “una estrategia de exclusión electoral disfrazada de defensa de la República”.
“Es una aventura judicial de un rejunte de candidatos desesperados. Anémicos de ideas y propuestas, buscan sacar de la cancha al adversario que no pueden enfrentar políticamente. Su coincidencia más importante no es un proyecto para Tucumán: es intentar impedir que Jaldo pueda competir”, expresó.
El parlamentario señaló que la demanda cuestiona una autorización expresa de la Constitución tucumana. “El artículo 90 permite que quien haya cumplido dos mandatos como vicegobernador pueda ser elegido gobernador y reelegido por un período consecutivo. No están denunciando que se haya inventado una habilitación: quieren eliminar judicialmente una disposición que les resulta electoralmente incómoda”, afirmó.
Vargas Aignasse cuestionó la presentación judicial contra la reelección de Jaldo
Sostuvo que existen fundamentos para objetar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Demandar a una provincia e invocar el principio republicano no habilita automáticamente esa instancia excepcional. La organización de las instituciones provinciales pertenece, como regla, al derecho público local. Los tribunales tucumanos pueden examinar cuestiones federales, con eventual revisión posterior de la Corte nacional. Respetar ese recorrido también es respetar la Constitución”, explicó.
Agregó que los antecedentes de intervención de la Corte en elecciones provinciales deben analizarse según las circunstancias y las normas de cada caso. “No pueden convertirse en un atajo recurrente para candidatos que buscan despejar judicialmente el camino hacia el poder”.
Sobre el fondo del planteo, destacó una diferencia central: “Una secuencia limitada de dos mandatos como vicegobernador y dos como gobernador no equivale automáticamente a una reelección indefinida. Defender esa habilitación no significa sostener que pueda repetirse eternamente. Mezclar ambos problemas no reemplaza la obligación de fundamentar por qué sería inconstitucional la autorización expresa de Tucumán”.
También recurrió a la comparación con Estados Unidos. “En el régimen federal estadounidense, una persona puede ejercer ocho años como vicepresidente y después ocho como presidente. California permite dos mandatos como vicegobernador y dos como gobernador, con límites separados. Ese ejemplo no decide un litigio argentino, pero demuestra que sumar 16 años entre dos cargos no constituye, por sí solo, una incompatibilidad republicana universal”.
El legislador remarcó que la Constitución Nacional protege tanto el sistema republicano como el federalismo. “La autonomía provincial tiene límites, pero también tiene contenido. No puede vaciarse según las conveniencias electorales de quienes hoy pretenden gobernar una provincia cuyas decisiones constitucionales desconocen”.
Finalmente, vinculó la presentación con la campaña hacia las elecciones del 9 de mayo. “Los tucumanos necesitan propuestas sobre seguridad, salud, educación, empleo y producción. Esta oposición ofrece una demanda para excluir a Jaldo. La búsqueda de la proscripción revela su debilidad: tienen más temor al respaldo del gobernador que confianza en sus propias ideas”.
“Jaldo deberá responder por su gestión ante los tucumanos. Sus adversarios deberían prepararse para enfrentarlo con propuestas y votos. La Justicia no puede ser el sustituto de la legitimidad política que no consiguen construir”, concluyó.
