Vandalismo rural: Diputados aprobó un proyecto que prevé penas de hasta 10 años de prisión
La Cámara baja dio media sanción a una iniciativa que incorpora nuevos delitos al Código Penal para sancionar el ingreso ilegal a establecimientos rurales y los daños a la producción agropecuaria. El proyecto fue aprobado por 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratado por el Senado.
Resumen para apurados
- Diputados aprobó el miércoles un proyecto que castiga el vandalismo rural con hasta 10 años de cárcel para proteger la producción agropecuaria.
- La iniciativa del PRO sumó apoyo oficialista y opositor tras incluir penas por rotura de silobolsas o cosechas e ingreso ilegal a campos.
- El texto pasa al Senado para su sanción definitiva, lo que dotará a la Justicia de nuevas herramientas penales ante delitos rurales.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles un proyecto de ley que tipifica el vandalismo rural y establece nuevas penas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos agropecuarios o provoquen daños que afecten la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y deberá ser analizada por el Senado para convertirse en ley.
El proyecto fue impulsado por el diputado del PRO Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y contó con el respaldo del oficialismo, bloques aliados y representantes de entidades agropecuarias. Durante el debate se introdujeron modificaciones al texto original, algunas de ellas acordadas con sectores de la oposición.
Según publicó Parlamentario, la iniciativa busca incorporar dos artículos al Código Penal para establecer sanciones específicas por el ingreso no autorizado a predios rurales y por la destrucción o inutilización de bienes vinculados con la actividad agropecuaria.
Qué penas establece el proyecto contra el vandalismo rural
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. El texto establece una pena de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a impedirlo.
La propuesta considera que existe voluntad de exclusión cuando el lugar cuenta con cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que prohíban el ingreso. Sin embargo, contempla excepciones cuando la entrada responda a una necesidad justificada, a razones de auxilio o cuando no resulte posible distinguir con claridad los límites entre el establecimiento y la vía pública.
La pena máxima podría elevarse a dos años si el ingreso obstaculiza de manera sustancial la actividad productiva o genera un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas, así como para la sanidad de los animales o los cultivos.
Ardohain aclaró durante el debate que el objetivo de este artículo no es proteger la propiedad en sí misma, ya contemplada en otras figuras penales, sino resguardar la libertad y la intimidad de quienes viven o trabajan en establecimientos rurales.
Daños a silobolsas, cultivos y ganado: las sanciones previstas
El segundo artículo del proyecto incorpora el artículo 184 bis al Código Penal y establece penas de dos a ocho años de prisión, además de multas de entre tres y 12 veces el valor del daño causado, para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos vinculados directamente con el ciclo productivo rural.
Entre los bienes contemplados figuran cereales sin cosechar, silobolsas, viñedos, ganado, leña e infraestructura de las explotaciones agropecuarias. La iniciativa también incluye las instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía y a la extracción de agua.
El texto prevé, además, que la pena mínima se duplique cuando el autor del hecho, o quien haya determinado a otra persona a cometerlo, sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
En determinadas circunstancias, la pena máxima podría alcanzar los 10 años de prisión. Esto ocurriría cuando el hecho sea cometido por tres o más personas que actúen coordinadamente, provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización. La misma escala se contempla cuando se utilice violencia o amenazas contra las personas, siempre que el hecho no constituya un delito con una pena mayor.
Qué dijeron los diputados a favor y en contra
Durante el debate, Ardohain sostuvo que la iniciativa responde a un reclamo de las familias vinculadas con el sector agropecuario y destacó el respaldo de las entidades rurales. También afirmó que el texto fue modificado durante el tratamiento legislativo para aportar mayor precisión.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman cuestionó el alcance del proyecto. Consideró que la propuesta beneficia a las grandes corporaciones y a los propietarios de tierras. También destacó que, tras las modificaciones, se eliminó un artículo que, según señaló, podía criminalizar opiniones expresadas en redes sociales.
Por la Unión Cívica Radical, el diputado Guillermo Agüero defendió la iniciativa y sostuvo que busca ofrecer una respuesta jurídica ante situaciones que afectan a distintos sectores agropecuarios.
A su vez, Francisco Morchio, de La Libertad Avanza, vinculó el proyecto con los problemas de seguridad que enfrentan productores y trabajadores rurales. Mencionó, entre otros hechos, el robo de insumos y maquinaria, los asaltos a viviendas y el abigeato.
Unión por la Patria acompañó parte de los cambios
Aunque Unión por la Patria había presentado un dictamen alternativo encabezado por el diputado Ramiro Gutiérrez, durante la sesión se incorporaron modificaciones negociadas con sectores de la oposición. Finalmente, algunos integrantes del bloque acompañaron el texto.
Gutiérrez afirmó que la Argentina necesita incorporar el delito de vandalismo rural a la legislación penal y valoró que se aceptaran cambios que, a su criterio, aportan mayor precisión a la norma.
El legislador sostuvo que la redacción definitiva brindará herramientas más claras a fiscales y jueces para investigar estos hechos y resolver las causas.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado. Allí deberá obtener la aprobación de la Cámara alta para que las nuevas figuras penales y las penas previstas puedan incorporarse al Código Penal.
