El Gobierno postergó hasta diciembre el fondo para pagar indemnizaciones: qué cambia para las empresas
A través del Decreto 1228/2026, el Poder Ejecutivo aplazó la puesta en marcha del sistema al 1° de diciembre y duplicó a doce meses los aportes obligatorios previos requeridos a los empleadores. La medida responde a una solicitud del sector financiero para adecuar sistemas informáticos y consolidar la solvencia de los fondos administradores.
Resumen para apurados
- El Gobierno postergó en Argentina el Fondo de Asistencia Laboral a diciembre de 2026 mediante el Decreto 1228/2026, tras un pedido financiero para adecuar sistemas.
- La norma duplica a doce meses la carencia previa de aportes patronales obligatorios para las empresas, en el marco de la Ley de Modernización Laboral.
- La medida otorga un alivio fiscal temporal a la recaudación pública y busca dotar de solvencia operativa al nuevo régimen ante la constante baja del empleo privado.
El Gobierno nacional dispuso prorrogar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo instrumento creado en el marco de la reforma de la legislación del trabajo para financiar el pago de indemnizaciones laborales en el sector privado.
Mediante el Decreto 1228/2026 publicado en el Boletín Oficial, la administración encabezada por Javier Milei trasladó la fecha oficial de inicio del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026. La normativa introdujo además una modificación central en las reglas del sistema al duplicar de seis a doce meses el período de carencia obligatorio que deberán cumplir los empleadores antes de poder utilizar los recursos acumulados en caso de cesantías.
La decisión oficial representa la segunda postergación dispuesta por el Ejecutivo para el debut de este esquema financiero. Cabe recordar que la Ley 27.802 de Modernización Laboral fijaba el comienzo original para el 1° de junio de 2026, facultando al Gobierno a diferir su aplicación por un lapso de hasta seis meses. Frente a las demoras operativas del mercado, el Decreto 408/26 había modificado previamente la fecha de inicio para noviembre, plazo que ahora se extiende por 30 días adicionales.
Adecuación tecnológica y el pedido de los bancos
El aplazamiento normativo responde a un pedido formal presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía por las cámaras que representan al mercado de capitales y al sistema financiero. Entre las instituciones firmantes de la solicitud figuran la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas y la Cámara de Agentes de Bolsa.
Las entidades administradoras fundamentaron que requieren un margen de tiempo superior para adecuar procedimientos tecnológicos complejos, vinculados con protocolos de seguridad en los pagos, acreditación de datos personales, conciliaciones y tareas de back office (tareas administravias internas).
Las sociedades gerentes señalaron que el FAL exige una dinámica operativa no habitual en el sector: mientras tradicionalmente captan inversiones directas para devolver el dinero al propio inversor, bajo el nuevo régimen recibirán fondos transferidos por el Estado y deberán acreditárselos a un tercero (el trabajador) en el marco de la legislación laboral.
La implementación integral del mecanismo demanda una articulación técnica coordinada entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, la CNV, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ante la complejidad del circuito, el Poder Ejecutivo concluyó que resulta indispensable disponer de más tiempo para ajustar los sistemas informáticos en todo el país.
Solvencia patronal y cómo funcionará el fondo
Respecto a la extensión del período de carencia, el decreto argumentó que el plazo inicial de seis meses resultaba insuficiente para consolidar un patrimonio inicial con adecuada liquidez, estabilidad y solvencia. Con la nueva pauta, las empresas deberán ingresar sus contribuciones patronales durante doce períodos mensuales consecutivos antes de que el fondo quede habilitado para afrontar desembolsos indemnizatorios o retiros voluntarios. El cómputo de este año de carencia comenzará en el mes calendario en que ARCA acredite la primera contribución efectiva efectuada por el empleador.
El funcionamiento del FAL alcanzará obligatoriamente a la totalidad de los empleadores del sector privado. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) deberán integrar una alícuota del 2,5% sobre la base imponible de sus contribuciones patronales, mientras que para las grandes compañías el aporte mensual será del 1%. Los fondos serán recaudados por ARCA y derivados hacia las cuentas comitentes vinculadas en los bancos o agentes de Bolsa (Alycs) seleccionados por cada firma para su administración en Fondos Comunes de Inversión o fideicomisos financieros.
La medida no implica un costo extra para las empresas, debido a que depositarán sumas que en la actualidad se destinan a la Anses bajo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el caso de los trabajadores, la modificación no impone ningún trámite personal ni altera los montos fijados por ley. Asimismo, los recursos acumulados estarán destinados exclusivamente a cubrir obligaciones por despido o retiros voluntarios, prohibiéndose cualquier rescate alternativo salvo situaciones extraordinarias de quiebra o disolución de la empresa.
Alivio fiscal y panorama del empleo registrado
La prórroga fijada por el Ejecutivo genera de forma simultánea un alivio temporal sobre las cuentas públicas. Al retrasar por un mes la desviación de ingresos previsionales desde el sistema estatal hacia el mercado de capitales, la recaudación pública mantendrá una caja relevante en un contexto fiscal exigente. Al respecto, proyecciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señalan que el costo fiscal directo anual del FAL se ubica entre 0,37 y 0,46 puntos del PBI.
El ajuste en los plazos de aplicación se oficializa en un escenario de fragilidad dentro del mercado de trabajo. Según estadísticas oficiales, el empleo privado registrado anotó en julio su décimo cuarta caída mensual consecutiva con la pérdida de 12.716 puestos, acumulando una baja de 134.034 empleos formales en lo que va del año. Ante este marco, las autoridades sostienen que la consolidación técnica del fondo buscará aportar estabilidad y previsibilidad financiera a la nómina laboral privada.
