Resumen para apurados
- El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a detener en dos semanas el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas para evitar la explotación unilateral de sus recursos.
- La medida se ampara en resoluciones de la ONU y la Convemar que prohíben cambios unilaterales en el área, sumándose a denuncias por vuelos británicos no autorizados.
- Si Londres no acata el ultimátum, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, lo que profundizará la escalada jurídica y diplomática bilateral.
El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en particular las vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, y advirtió que, si Londres no cumple con el requerimiento en un plazo de dos semanas, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente, que informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el "Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)".
El objetivo, según el Ejecutivo, es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos mediante Sea Lion y evitar nuevas medidas vinculadas con la explotación de recursos naturales en la plataforma continental que la Argentina reivindica como propia.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X al compartir el comunicado oficial. En el mismo mensaje, el Presidente calificó la actividad como un “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
El reclamo argentino
El Gobierno sostuvo que el Reino Unido mantiene un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. Desde la perspectiva argentina, la explotación unilateral de recursos naturales en esas áreas contradice el derecho internacional y genera un “perjuicio irreversible e irreparable” para los derechos soberanos que reclama el país.
En ese marco, la Argentina intimó a Londres a adoptar, dentro de las próximas dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos.
Si el Reino Unido no cumple, el Gobierno anticipó que solicitará al TIDM la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos que la Argentina reivindica sobre su plataforma continental.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un organismo judicial independiente creado por la Convemar y tiene competencia para resolver controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de esa convención.
El argumento basado en las resoluciones de la ONU
La Casa Rosada fundamentó su posición en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y llamó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.
Por su parte, la Resolución 31/49 exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General. Sobre esa base, el Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en la zona afectan sus derechos de soberanía.
La administración de Milei también rechazó la respuesta británica a las declaraciones del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y cuestionó la utilización de la denominación “Territorio Británico de Ultramar” para las islas. En el mismo sentido, sostuvo que el referéndum realizado en 2013, que no es reconocido por la Argentina, no modifica la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Denuncia por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas
En paralelo con la ofensiva diplomática y jurídica por los recursos hidrocarburíferos, el Gobierno denunció operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, realizadas por la empresa "Thales Uk Limited".
Según informó la Oficina del Presidente, los vuelos fueron efectuados con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de la detección de esas operaciones, Milei ordenó iniciar “de forma urgente” procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía, además de las gestiones diplomáticas correspondientes.
El Gobierno considera que la operación aérea constituye otra manifestación de las actividades que el Reino Unido desarrolla en el área sin el reconocimiento de la jurisdicción argentina.
Una nueva escalada diplomática
La decisión de avanzar con el arbitraje internacional se suma a las distintas medidas adoptadas por el Gobierno de Milei en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Ahora, la Argentina puso en marcha un procedimiento previsto por la Convemar y estableció un plazo concreto para que Londres responda a su intimación. Si el Reino Unido no modifica su posición, el Ejecutivo anticipó que llevará el planteo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.
En paralelo, continuará la vía diplomática y administrativa frente a las operaciones que el Gobierno argentino considera ilegales.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional”, sostuvo la Oficina del Presidente.
