Resumen para apurados
- El Gobierno argentino denunciará penalmente a cinco petroleras y directivos por realizar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en aguas de las Islas Malvinas.
- La medida se ampara en la Ley 26.659 y cumple con lo anunciado por Javier Milei en cadena nacional para perseguir penalmente a firmas que operen sin aval oficial.
- El proceso busca sentar precedentes judiciales para frenar la explotación ilegítima de recursos y endurecer el reclamo soberano argentino sobre el archipiélago.
El Gobierno nacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. La medida alcanzará a cinco sociedades y también contemplará a las personas físicas que hayan participado en decisiones relacionadas con esas operaciones.
La Oficina del Presidente informó que las acciones judiciales estarán dirigidas contra compañías y contra quienes, desde cargos de dirección, administración o representación, hayan intervenido en las actividades bajo investigación.
Fuentes con conocimiento de las acciones legales citadas por Infobae señalaron que las nuevas presentaciones incluirán a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
El comunicado oficial vinculó el avance judicial con presuntas violaciones a las prohibiciones previstas en la Ley N.° 26.659, norma que el Ejecutivo identifica como el marco legal para avanzar contra firmas que realicen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
Denuncias contra empresas y personas
La Casa Rosada señaló que las presentaciones judiciales individualizarán también a las personas físicas que participaron en las decisiones relacionadas con las actividades investigadas.
El alcance anunciado incluye a directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías, además de otras personas que hayan intervenido en ese tipo de definiciones.
El Gobierno no informó los nombres de los directivos o representantes que podrían quedar incluidos en las denuncias. Sí precisó que buscará atribuir responsabilidades a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan participado en los hechos que el Ejecutivo considera ilícitos.
Según el comunicado, las nuevas acciones podrán avanzar por dos vías. Por un lado, mediante la ampliación de expedientes judiciales que ya se encuentran en trámite. Por otro, a través de la apertura de nuevas causas.
La Oficina del Presidente no detalló ante qué tribunales se realizarán las presentaciones ni las fechas previstas para cada trámite.
La nómina de empresas
La información aportada a Infobae por fuentes con conocimiento del caso identifica a cinco sociedades que serán incluidas en esta nueva instancia judicial.
La lista está integrada por las dos compañías que operan bajo la denominación Rockhopper Exploration, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited. También figuran Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
El Ejecutivo afirmó que continuará impulsando medidas para responsabilizar tanto a personas jurídicas como a personas físicas vinculadas con las actividades cuestionadas.
El objetivo, según el texto oficial, es impedir acciones que el Gobierno considera contrarias a los derechos soberanos de la República Argentina y promover sanciones contra quienes resulten responsables.
El anuncio de Milei
La decisión se conoce después de que el presidente Javier Milei anunciara el jueves pasado, durante una cadena nacional, que se sancionaría a las empresas que operen en la plataforma continental en disputa.
El nuevo comunicado fue fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de septiembre de 2026, lleva la firma de Javier Milei y fue difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina.
El Ejecutivo indicó que utilizará los instrumentos disponibles para impedir actividades que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos y para promover sanciones contra los responsables.
El documento no especificó qué otras medidas administrativas, judiciales o diplomáticas podrían acompañar las nuevas denuncias.
