Resumen para apurados
- Taxistas de San Miguel de Tucumán exigieron a la intendencia aplicar controles inmediatos y multas a choferes de aplicaciones de viaje que no cumplan con la regulación vigente.
- En febrero se fijó un plazo de hasta 120 días para que plataformas y conductores se registren; el sindicato presentó una impugnación para evitar prórrogas municipales.
- La presión gremial acelera la definición sobre la fiscalización y posibles sanciones a servicios como Uber y Cabify, marcando la pauta de convivencia del transporte local.
El titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán (FNCT), Julio Rodríguez, insistió ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con el planteo para requerir que la gestión de la intendenta Rossana Chahla “se abstenga de dictar o ejecutar medidas que otorguen prórrogas o flexibilizaciones no contempladas” respecto a la normativa que regula el sistema de transporte mediante aplicaciones (como Uber, Didi y Cabify).
A la vez, el representante sindical instó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a ordenar “de manera inmediata” la aplicación de los artículos de la ordenanza vigente que dispone “operativos de control y sanciones de secuestro y multas” contra quienes incumplan con su incorporación al registro.
En febrero, cuando se reglamentó la ordenanza aprobada por el Concejo para regular servicios como Uber en esta ciudad, se dispuso que las plataformas contaban con 90 días corridos (“tres meses, a cumplirse en mayo”) para inscribirse en el registro municipal dispuesto para las apps; y sus conductores, “120 días corridos para adecuar su documentación”. En medio de las gestiones del municipio a las aplicaciones para que se inscriban, Rodríguez interpuso una impugnación administrativa para exigir que se cumpla con los plazos, e instó a que se comience de inmediato con los controles.
