Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Para todos los que pasaban por el lugar era un campo más de los tantos que están destinados a la producción de caña de azúcar. Pero a través de una denuncia y una investigación realizada por diferentes reparticiones estatales, se descubrió que unas 145 hectáreas que pertenecían a la Provincia, estaban siendo explotadas ilegalmente. El Estado logró recuperarlas en un operativo que se desarrolló el miércoles en Santa Rosa de Leales. Con ese terreno, ya son 563 hectáreas las que logró restituir el Gobierno y que antes de que finalice el año, estiman que serán 1.000, según se estimó en un acto desarrollado ayer.

Hace más de una década, la Provincia expropió 145 hectáreas en el este. Con el correr de los años, esas tierras no fueron ocupadas por las autoridades, ya que pocos conocían cuál sería su fin. A partir de allí, productores privados las utilizaron para la producción. “Algo se hizo mal en muchos años, no se miró lo que estaba pasando. Ahora no sólo hay una decisión política de acabar con estas situaciones, sino que se formó un equipo de trabajo con la Fiscalía de Estado a la cabeza, las direcciones de Catastro y Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, con el acompañamiento de la Policía y de la Justicia, para recuperar lo que es el patrimonio de todos los tucumanos”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo en un encuentro donde se informaron los detalles de las tierras recuperadas.

Las autoridades confirmaron que fueron varios los productores que aprovecharon el descontrol de las tierras fiscales para llevar adelante los cultivos. Fuentes de la Fiscalía de Estado informaron que semanas atrás notificaron al último ocupante que estaba ocupando terrenos de la Provincia y que accionaron en su contra. Cuando fueron a concretar el desalojo, no había nadie en el lugar y los cañaverales habían sido abandonados. “Lo importante es que se recuperaron tierras que pertenecían a todos los tucumanos y que tienen una ubicación estratégica. Ya se verá el destino que se les darán”, sostuvo Gilda Pedicone.

Un caso testigo

“Defender el patrimonio del Estado es mucho más que cuidar terrenos. Es proteger nuestra historia, nuestro paisaje y nuestra identidad”, se pudo escuchar en el inicio del video que se hizo para mostrar los terrenos que recuperó la Provincia desde principios de este año. “Lo más importante es que hubo un equipo de distintas áreas del Estado que trabajó para que esto ocurriera”, reiteró en más de una oportunidad Pedicone, que dirige la Unidad Ejecutora que analiza cada uno de los casos denunciados.

El listado es extenso, pero hay un ejemplo que se destacó en el acto. La recuperación de la Reserva Natural de La Angostura. En total fueron 26 hectáreas que en menos de nueve meses volvieron a manos de la provincia. En ese lugar está pendiente definir qué ocurrirá con el Club Náutico y Pesca, único barrio cerrado que hay en El Mollar. Ese predio fue cedido por la provincia para que funcionara una sede deportiva, pero terminaron construyéndose casas. Sus ocupantes están dispuestos a entregar un terreno ubicado en la capital y ceder parte del lugar para que la Policía Lacustre cuente con una base.

“De la Reserva logramos la inédita restitución de unas siete hectáreas que formaban parte del llamado Loteo Gaucho Castro. Además, nos constituimos en querellantes para que las personas que estuvieran involucradas en el caso sean investigadas por la Justicia”, señaló Pedicone. Entre los acusados de diferentes delitos aparecen Jorge Cruz (suspendido comisionado rural de El Mollar), Fernando Rogel Chaler (ex titular la desaparecida subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat), Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro (empleados de esa repartición) y otras tres personas.

Balance

En el encuentro, los funcionarios también destacaron los logros conseguidos en otros lugares de la provincia. Entre ellos, las 44 hectáreas que formaban parte del ex Campo de Golf de La Quebradita (Tafí del Valle), el Loteo Demetrio Ríos (El Mollar) y la liberación del camino de la Quebrada del Portugués que había sido cerrado por una comunidad de pueblos originarios de la zona. “En esos lugares, con los proyectos de Turismo se está terminando de hacer un mirador y una obra de jerarquización de El Cristo en La Quebradita. Además, Flora y Fauna está llevando adelante un trabajo de reforestación en el lugar”, informaron desde la Fiscalía de Estado.

También ponderaron la recuperación de tres predios en Yerba Buena y otros dos en San Miguel de Tucumán. “Es una muestra del mal uso que se le dio al espacio público en la provincia. Personas que tomaron terrenos para uso propio como cochera de autos o para emprendimientos comerciales. Estas recuperaciones forman parte de un mensaje que queremos transmitir. Lo más importante es que hay una decisión política para seguir adelante”, explicó Pedicone. Al menos dos de esos predios serán destinados a futuras dependencias policiales.

El Cadillal y sus zonas aledañas, considerado como una verdadera “ensalada dominial”, también fue mencionado en el balance. Si bien es cierto que se informó sobre la recuperación de más de 25 hectáreas, no se dijo ni una palabra del proceso de regularización de esas tierras. Catastro avanzó con el análisis de los expedientes de las personas que estarían en condiciones de adquirir los terrenos que están ocupando. “Estamos esperando instrucciones para determinar cómo se desarrollará el proceso”, comentó una fuente de la Casa de Gobierno.

Tampoco se dieron a conocer que varias entidades comenzaron a regularizar su situación en esa villa turística. Los casos testigos son los clubes de Pesca y Regatas y de Caza y Pesca de la Universidad Nacional de Tucumán que, después de varios meses, volvieron a abrir sus puertas. Ahora deberán brindar servicios a sus socios y a las personas que decidan visitar el lago.

El futuro

“Para tomar estas decisiones hay que tener las manos limpias. No vamos a encubrir a nadie, ni de adentro ni de afuera del Gobierno. Se terminó la impunidad en Tucumán”, dijo Jaldo. “No sólo vamos a proteger nuestro patrimonio, sino que además defenderemos la propiedad. Por el accionar de la Policía y de la Justicia, no toleraremos las usurpaciones”, agregó el dirigente tranqueño.

Según el informe dado a conocer en el encuentro, la Provincia avanzó con los procesos judiciales para recuperar terrenos en Tapia (uno), Los Puestos (cinco), Tafí del Valle (dos), El Mollar (tres), Santa Ana (cuatro), San Miguel de Tucumán (seis) y Banda del Río Salí (siete). “Con esta política la Provincia aspira a recuperar unas 1.000 hectáreas hasta fin de año”, anticipó Jaldo.