Resumen para apurados
- La Libertad Avanza impulsó recientemente en Buenos Aires proyectos para cobrar salud y universidad a extranjeros no residentes, buscando reducir el gasto de los contribuyentes.
- La iniciativa replica medidas de provincias como Salta o Jujuy, donde el cobro redujo hasta un 95% la atención a no residentes, aunque el Gobierno descarta una ley nacional aún.
- El debate podría reactivar una reforma a la Ley de Migraciones en el Congreso y sentar un precedente sobre la gratuidad histórica de los servicios públicos para no residentes.
Tras una serie de críticas y polémicas dirigidas contra el país en el ámbito internacional, dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) pusieron en la agenda pública la regulación de los servicios estatales para personas no residentes. En este contexto, el partido del presidente Javier Milei retomó la discusión migratoria que había iniciado en 2025 y presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para arancelar la atención en hospitales públicos y la cursada en universidades de la Provincia de Buenos Aires a extranjeros sin residencia permanente.
La iniciativa, impulsada por el jefe de bancada libertaria bonaerense, Agustín Romo, busca que los aranceles de salud sean costeados por los propios pacientes, seguros médicos o terceros obligados, mientras que las universidades fijarían sus propios montos de matriculación. La propuesta se suma a un proyecto similar que presentó en marzo la legisladora porteña Pilar Ramírez para establecer contraprestaciones sanitarias en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que los contribuyentes locales no deben financiar servicios a personas sin residencia formal.
De momento, no
Pese al respaldo político que ambas iniciativas tienen en el bloque oficialista, la Casa Rosada descartó enviar por el momento un proyecto propio de alcance nacional al Congreso. Fuentes gubernamentales señalaron que una medida centralizada exigiría modificar la Ley de Migraciones vigente, un debate de difícil consenso legislativo en el corto plazo pero que no se descarta impulsar en el futuro si se consolidan los apoyos necesarios.
En los pasillos de Balcarce 50, el interés por la propuesta es latente y no se descarta que algún diputado nacional de la fuerza presente una iniciativa en esa dirección. Sin embargo, otros sectores del Ejecutivo sostienen que la discusión debe dirigirse en cada jurisdicción, recordando que con el Decreto 366/2025 la administración central ya había habilitado a las universidades nacionales y centros de salud a implementar aranceles o exigir seguros médicos a no residentes.
Universidades
Pese a esa habilitación previa por decreto, hasta la fecha ningún rector de las universidades nacionales resolvió aplicar el cobro a alumnos extranjeros temporales o precarios. Desde las casas de altos estudio apelan a la autonomía universitaria para mantener la gratuidad mientras no exista una ley formal del Congreso, al tiempo que las autoridades sanitarias nacionales aclaran que el cobro en efectos federales requiere indefectiblemente una reforma de la ley migratoria.
A la par del debate legislativo, autoridades educativas y sanitarias matizaron la magnitud del impacto fiscal que representan los no residentes en los sistemas públicos. Datos vertidos desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron que sobre más de 70.000 ingresantes en 2026, sólo el 2,5% correspondía a extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que alcanzaba el 6,1% en la Facultad de Medicina.
De igual modo, desde la gestión de salud bonaerense señalaron previamente que las consultas e internaciones de extranjeros no superaban el 1% del total.
Provincias pioneras
A diferencia del plano nacional, las administraciones provinciales poseen potestad sobre sus sistemas de salud y varias jurisdicciones avanzaron de manera independiente. Salta fue la provincia pionera al implementar en febrero de 2024, mediante la Ley Nº 8421, el cobro de atención hospitalaria a extranjeros sin residencia ni trabajo registrado en el país, garantizando únicamente las emergencias médicas. A partir de su aplicación, la demanda extranjera en los nosocomios salteños cayó un 95%, descomprimiendo la atención con tarifas que van desde $10.300 por consulta hasta $76.000 por día de internación.
En abril de 2024, la provincia de Santa Cruz se sumó a la medida a través de la Resolución Nº 0501/2024, enfocando el cobro en los turistas extranjeros que visitan la región patagónica y hacen uso de la salud pública. La normativa afecta principalmente a visitantes no residentes, en su mayoría limítrofes, a quienes se les cobra una tarifa base por consulta de $13.500 más los costos de estudios o traslados, excepto a los residentes permanentes y contemplando convenios especiales de asistencia vial.
Por su parte, Mendoza oficializó su propio régimen en agosto de 2024 mediante el Decreto N° 1266, estableciendo que la asistencia médica a personas nacidas fuera del país sin residencia sea abonada por el paciente o su cobertura de origen. Entre septiembre y noviembre de ese año, la provincia recaudó $15 millones, registrando una reducción sustancial en la concurrencia de extranjeros que habitualmente representaban entre el 2% y el 3% de los pacientes atendidos en sus hospitales.
Finalmente, Jujuy se convirtió en septiembre de 2024 en el cuarto distrito en reglamentar el cobro tras poner en marcha la Ley 6.116, normativa que había quedado en suspenso años atrás por acuerdos bilaterales pero que fue reactivada por las autoridades locales. El sistema jujeño aplica un protocolo de verificación de domicilio al momento de asignar turnos y factura las prestaciones una vez estabilizado el paciente, fijando montos referenciales de $10.000 para consultas de guardia, $99.654 por día de internación y más de $780.000 para cirugías complejas.
El balance de las provincias que avanzan con el arancelamiento refleja transformaciones de impacto en la gestión de sus recursos sanitarios.
Mientras en Salta las autoridades reportaron una reducción diaria sustancial de pacientes fronterizos que antes saturaban la agenda de turnos en el norte provincial, en Jujuy estimaron un ahorro cercano a los $500 millones únicamente en el área de consultas ambulatorias desde el inicio del proceso.
El contraste entre la aplicación provincial y la parálisis nacional exponen la complejidad legal y política que rodea al régimen migratorio argentino. Mientras las provincias apelan a la descentralización de la salud para resguardar sus presupuestos locales, el debate de fondo sobre la gratuidad educativa y sanitaria a nivel federal dependerá del curso que tomen los proyectos en el Congreso Nacional durante los próximos meses.
