De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

Un total de 67 escuelas de gestión estatal de la provincia de Tucumán -pertenecientes a los niveles primario, secundario, superior no universitario y a la modalidad de educación especial- recibirán un histórico equipamiento informático financiado íntegramente con divisas abandonadas en los estrados judiciales. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 1204, dictada por el juez Pedro Yane Mana, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación (Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 2 del Centro Judicial Capital).

La sentencia aprobó el "Proyecto de Adquisición de Equipamiento Informático para Establecimientos Educativos" diseñado por la Dirección de Informática de la cartera educativa provincial y ordenó el traspaso de los fondos para su inmediata ejecución.  

El origen de esta millonaria masa de dinero se remonta al expediente caratulado "Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S.A. s/ Quiebra declarada", un histórico litigio mercantil cuyo inicio formal data del año 1987. Tras casi cuatro décadas de compleja tramitación procesal, la Sindicatura presentó en diciembre de 2024 el proyecto de distribución final por una suma de USD 995.230,09, declarándose la quiebra concluida por pago total en febrero de 2025. Sin embargo, la inacción de los acreedores abrió un escenario impensado: a pesar de las publicaciones de edictos y la cuantía de los montos disponibles, únicamente el organismo recaudador ARCA (ex AFIP) se presentó a percibir su acreencia de USD 3.693,73. Cumplido el plazo legal de un año sin que nadie más reclamara los dividendos, en marzo de 2026 el tribunal declaró de oficio la caducidad del pozo remanente, que ascendió a la suma exacta de USD 991.536,36.  

Fundamentando el encuadre normativo del fallo, el juez Yane Mana apeló al Artículo N° 224 de la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522), el cual establece categóricamente que los acreedores que no ejercen el cobro de sus asignaciones en el término anual pierden dicho derecho de pleno derecho. Apoyándose en doctrina y en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como el -fallo "Carbometal s/ quiebra" y doctrina jurisprudencial como "Beaudean, Ricardo s/ quiebra"-, la resolución remarcó que el abandono negligente de los acreedores no hace retornar los fondos al deudor ni a la masa, sino que los ingresa de forma irrevocable al patrimonio estatal para el fomento de la educación común, una solución de plena validez constitucional que en los fueros provinciales corresponde al Ministerio de Educación local.  

Un antecedente del mismo caso

El juez ejerció una activa dirección del proceso: libró un oficio directo a las autoridades educativas para pedir un plan de capitalización tecnológica de impacto estructural, evitando explícitamente que los recursos se licuasen o dispersasen en gastos corrientes de la administración gubernamental. Asimismo, Yane Mana recordó que este criterio afianza una línea jurisprudencial en el mismo expediente: mientras que en junio de 2024 el juzgado ya había asignado fondos caducos de la misma quiebra para cubrir necesidades operativas básicas e infraestructura de albergues en las Escuelas Multinivel de Alta Montaña (Anfama, San José de Chasquivil, Mala Mala y Arquitas), este nuevo saldo exigió elevar el estándar hacia un plan de desarrollo estructural de largo plazo.  "La resolución que aquí se dicta no debe entenderse como un mero trámite administrativo de transferencia bancaria, sino como un acto de justicia distributiva que reafirma la función social del derecho", sentenció el magistrado. El juez aseveró que "el proceso falencial, nacido históricamente como una herramienta de persecución del deudor, se ha transformado en un mecanismo de gestión de crisis que debe mirar más allá de los intereses particulares para atender al bienestar general".  Uno de los aspectos financieros y estratégicos más singulares de la sentencia es la decisión de transferir la totalidad del monto directamente en moneda extranjera. Las divisas fueron giradas desde la cuenta judicial en el Banco Macro S.A. hacia una cuenta corriente especial en dólares de la misma entidad bancaria, a nombre del Gobierno de la Provincia.

El tribunal justificó esta medida como un acto de prudencia financiera, fundamentando que la pesificación habría provocado una licuación del poder de compra y que, dado que los insumos tecnológicos cotizan internacionalmente en dólares, mantener la moneda de origen otorgará mayor competitividad a las licitaciones públicas.  

El plan técnico contempla la dotación de insumos bajo cuatro modelos adaptados al perfil pedagógico, condiciones de espacio físico, conectividad y seguridad de cada edificio escolar. Para asegurar la durabilidad de la inversión, las escuelas participantes debieron asumir compromisos institucionales concretos, como contar con suministro eléctrico estable, designar un responsable para la custodia de los equipos y garantizar la participación del personal docente en capacitaciones específicas. Asimismo, todos los bienes a licitar contarán con una garantía técnica obligatoria de 12 meses.  Para blindar la transparencia en el manejo de estos fondos públicos, el Poder Judicial dispuso una fiscalización post-sentencia. Todo esto fue convenido en una reunión que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, con la presencia de su presidente, Daniel Leiva, y de los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, el propio Yane Mana y la ministra de Educación Susana Montaldo.

Las características

El Ministerio de Educación dispondrá de un plazo fatal de 120 días hábiles para presentar una rendición de cuentas integral y documentada. La presentación deberá incluir copias autenticadas de las licitaciones y adjudicaciones, comprobantes de pago, actas de recepción de inventario firmadas por los directores de los 67 colegios y -como requisito inédito de verificación judicial- un registro fotográfico que documente formalmente la compra, la entrega, la recepción y el uso efectivo de las computadoras por parte de los alumnos en el aula.  En sus considerandos finales, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación dijo: “La educación común es el cimiento sobre el cual se construye la igualdad de oportunidades... En el siglo XXI implica necesariamente la alfabetización digital. Al destinar casi un millón de dólares a la adquisición de hardware de última generación y valijas adaptativas, se permite que los fondos caducos se conviertan ahora en un multiplicador de conocimiento para miles de estudiantes tucumanos”.  

A partir del proyecto técnico aprobado por el tribunal, los USD 991.536,36 serán invertidos por el Ministerio de Educación en los siguientes rubros clave:  

680 PC de escritorio estándar (Modelo B): Equipadas con procesadores AMD Ryzen 5 (3400G) o superior, 16 GB de memoria RAM en Dual Channel, discos sólidos SSD NVMe de 240 GB, conexión Wi-Fi, monitores LED de 21.5" y Windows 11 OEM, destinadas al uso ofimático de 34 escuelas primarias y secundarias.  

140 PC de alta gama (Modelo D): Diseñadas para alta demanda de cómputo, con procesadores AMD Ryzen 7 (5700G), 32 GB de Memoria RAM DDR5 y discos SSD NVMe de 512 GB, destinadas a 7 escuelas técnicas y de Nivel Superior No Universitario para tareas de desarrollo informático y diseño gráfico.  

200 Netbooks/Notebooks de transporte (Modelo C): Equipos portátiles con pantallas de 12 a 14 pulgadas HD/FHD, procesadores Intel Core N4020 o Ryzen 3, 8 GB de RAM, discos SSD de 240 GB, conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth y cámaras integradas para 10 escuelas de planta única o sin aula informática fija.  

10 Carros móviles de carga y resguardo seguro (Modelo C): Módulos rodantes con capacidad para 20 netbooks cada uno, equipados con tomas de carga inteligente, cerraduras de seguridad reforzadas, ruedas con freno, paso de cables ordenado y certificación de seguridad eléctrica.  

20 "Valijas Adaptativas" de inclusión (Modelo A): Kits de tecnología asistiva y regulación sensorial destinados a 16 escuelas de la Modalidad de Educación Especial para garantizar la accesibilidad de alumnos con discapacidades motrices, visuales, auditivas o cognitivas.  

60 Tablets Android de 10 pulgadas: Incluidas en las valijas adaptativas (3 unidades por kit) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que sirven como soporte para software de comunicación aumentativa, lectores de pantalla y aplicaciones inclusivas.  

Periféricos y dispositivos de acceso alternativo: Mouse trackball de bola, mouse adaptados, teclados CLEVY de teclas grandes y colores contrastantes, y pulsadores de botón USB por presión para alumnos con severas dificultades en el control motor fino.  

Herramientas de asistencia lectora y sensorial: Bolígrafos lectores (Pen Reader) que digitalizan y leen texto en voz alta, temporizadores visuales (Time Timer), reglas de lectura con ventana de enfoque visual y auriculares con aislamiento y comando por voz.  

Kits de autorregulación motriz y confort para el aula: Auriculares de cancelación auditiva para reducción del ruido ambiental, patas sensoriales y bandas elásticas para sillas, pelotas antiestrés de gel y útiles ergonómicos adaptados para zurdos (lapiceras, sacapuntas, pinzas de escritura y tijeras especiales).  

51 Routers/Access Points Wi-Fi de alta capacidad: Puntos de acceso inalámbrico de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con firewall integrado y capacidad mínima para conectar al menos 30 dispositivos en simultáneo por establecimiento educativo.

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores