El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión
El representante del Ministerio Público llegó a esa conclusión después de escuchar a las víctimas, analizar la documentación presentada por los denunciantes y estudiar los informes requeridos a distintos organismos.
Después de más de seis meses de investigación, el fiscal Diego López Ávila entendió que estaba ante un caso mucho más complejo que una posible estafa. Consideró que podrían haberse cometido otros delitos, como intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y evasión tributaria.
El representante del Ministerio Público llegó a esa conclusión después de escuchar a las víctimas, analizar la documentación presentada por los denunciantes y estudiar los informes requeridos a distintos organismos.
López Ávila presentó un escrito ante el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital solicitando la declaración de incompetencia. El juez Guido Cattaneo fue el encargado de hacer lugar al planteo.
“Se advierte que en los hechos investigados se habría desplegado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros. Estas conductas, consistentes en recibir dinero del público bajo promesas de rentabilidad fija, entregando pagarés, cheques y reconocimientos de deuda, configuran, prima facie, una operatoria de intermediación financiera no autorizada. Dicha figura protege, eminentemente, la exclusividad estatal en la captación del ahorro público y el orden económico y financiero a nivel nacional”, fundamentó el magistrado.
Cattaneo explicó además que durante la investigación surgieron indicios de que Diego Ovejero habría creado las firmas Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias para canalizar los más de $740 millones que, según la denuncia, recibió de nueve inversores.
“El despliegue de distintas estructuras societarias y el manejo de fondos sin registración ni documentación respaldatoria constituyen indicios de posibles maniobras de lavado de activos y evasión tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública Nacional”, razonó en la resolución.
“Consecuentemente, la lesión patrimonial denunciada no se agota en el mero perjuicio individual de los inversores, sino que afecta directamente el orden económico y financiero nacional, razón por la cual la competencia federal resulta manifiesta”, concluyó.
Un punto clave
“La remisión al fuero federal marca un punto de inflexión. Ahora corresponde determinar si existió un sistema organizado de captación de fondos y quiénes participaron en él”, explicó Ariel Lezcano, abogado que representa a uno de los denunciantes.
El profesional, en una entrevista con LA GACETA, agregó: “Nuestro compromiso es impulsar la investigación hasta las últimas consecuencias para que se establezcan todas las responsabilidades y las víctimas puedan obtener justicia y la reparación integral del daño sufrido”.
Aún queda un largo camino procesal por recorrer. Los funcionarios de la Justicia Federal deberán resolver si son competentes para investigar la totalidad del caso o sólo una parte. Si rechazan la competencia, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, ese trámite podría demandar meses e incluso años.
Más allá de quién continúe con la investigación, el expediente deberá profundizarse porque todavía quedan varios interrogantes por responder. Entre ellos:
-El origen y destino de los fondos captados por Ovejero.
-El funcionamiento de las sociedades comerciales involucradas.
-Los movimientos bancarios y financieros realizados por el denunciado.
-La eventual existencia de una estructura organizada.
-La posible participación de otras personas.
-La trazabilidad patrimonial de bienes y activos.
