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Los dos tiroteos registrados en el centro tucumano son una muestra evidente del incremento de la violencia en la provincia. Sin dudas, se trata de episodios que conmocionaron por el lugar donde ocurrieron. Sin embargo, en numerosos barrios del Gran San Miguel de Tucumán las balaceras dejaron de ser excepcionales para transformarse en parte de la vida cotidiana.
Esa tendencia también se refleja en las estadísticas. Antes de que finalizara el primer semestre del año, el número de homicidios se había incrementado un 16% con respecto al mismo período de 2025. Paralelamente, LA GACETA publicó un dato aún más alarmante: siete de cada 10 conflictos que llegan a la Justicia terminan con al menos una persona baleada. En otras palabras, no resulta descabellado pensar que, de mantenerse esta tendencia, los homicidios continúen en aumento.
Los móviles de las muertes violentas registradas en lo que va del año también ayudan a comprender el fenómeno. En la comparación de lo que sucedió antes de que finalice el primer semestre con lo sucedido en idéntico período de 2025, los homicidios cometidos durante robos se redujeron de cinco a cuatro casos, crecieron aquellos vinculados con la escalada de violencia interpersonal. Los crímenes por conflictos intravecinales pasaron de seis a siete y los femicidios de tres a cuatro. Además, se encendió otra señal de alarma: ante el avance del narcotráfico, se duplicaron los homicidios relacionados con la comercialización y el consumo de sustancias.
El poder de las armas
El caso del automovilista que hirió a un ciclista y el del ex militar que intentó asesinar a su ex pareja e hirió un trapito movilizaron a los tucumanos por dos razones. La primera, porque los atacantes utilizaron armas de fuego. La segunda, porque ambos hechos ocurrieron en pleno centro y en horarios de intensa circulación de personas.
Los expertos y empresarios consultados coincidieron en señalar que no existe una demanda extraordinaria para adquirir armamento. Sin embargo, advierten sobre un fenómeno más preocupante: el problema ya no pasa por la cantidad de armas en circulación, sino por la disposición de sus propietarios a utilizarlas ante cualquier conflicto. “El problema es que antes las pistolas se dejaban en la casa. Ahora hay muchas personas que las portan permanentemente y pueden utilizarlas en cualquier momento sin estar preparadas mentalmente o sin haber recibido la instrucción adecuada”, explicó un instructor de tiro. “Si un tucumano decidió armarse para protegerse de la inseguridad, no importa si vive en un country de Yerba Buena o en un barrio de la periferia. ¿Qué hace suponer que no llevará esa arma a todos lados, incluso cuando sale a pasear por el centro con su familia?”, planteó una fuente del Ministerio Público Fiscal.
Ambas reflexiones encuentran sustento en el caso del conductor que hirió al ciclista. El acusado reconoció durante la audiencia en la que fue imputado por tentativa de homicidio que había comprado el arma luego de sufrir varios hechos de inseguridad. Según su versión, que naturalmente es exculpatoria, sólo pretendió realizar un disparo intimidatorio al aire para ahuyentar a quien consideraba una amenaza. El resultado fue muy diferente.
La otra cara
Pero la violencia no sólo se expresa en discusiones de tránsito o conflictos callejeros. También aparece en otra dimensión: la justicia por mano propia. Hace menos de dos semanas se registró un caso que puede interpretarse como un ejemplo de esa tendencia. El productor José Javier Fransacena, cansado de sufrir robos de naranjas en su quinta de Los Nogales, mató de un escopetazo a Daniel Juan Gutiérrez, un joven con problemas de adicción. Julieta Jorrat, defensora del imputado, sostiene que se excedió en la defensa de sus bienes. Gerardo Banegas, representante legal de la familia de la víctima, asegura que Gutiérrez fue ejecutado fuera de la finca y luego abandonado en un camino vecinal, en lugar de ser trasladado a un centro asistencial.
“Estamos viviendo una situación muy similar a la que se observó en Río de Janeiro cuando comenzaron a surgir grupos parapoliciales que ejecutaban a personas adictas porque estaban cansados de sufrir robos”, afirmó Banegas. “Es necesario que la Justicia envíe señales claras de que este tipo de conductas no serán toleradas”, agregó.
La familia de la víctima ya adelantó que impulsará el caso hasta las últimas consecuencias. Romina Gutiérrez, hermana del joven fallecido, reconoció que Daniel atravesaba problemas de adicción, pero rechazó que fuera un delincuente. “Cuando estaba bien trabajaba para ganarse la vida, pero sufría recaídas y pasaba mucho tiempo en la calle. Varias veces denuncié dónde vendían droga en el barrio y no pasó nada. La gente no tiene idea de la cantidad de personas que viven en situación de vulnerabilidad por problemas de consumo”, señaló.
Las fuentes judiciales vienen advirtiendo desde hace meses que la droga aparece en más del 90% de las causas penales que se inician, ya sea por consumo o por comercialización. Los homicidios ocurridos durante junio parecen confirmar esa tendencia. Además del caso de Gutiérrez, se registró el femicidio de Cynthia Lazarte, una mujer triplemente vulnerable por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por una discapacidad que padecía. También fue asesinado Carlos Romano Hardoy cuando se dirigía a comprar estupefacientes en Villa Carmela.
“En el barrio estamos cansados de estas banditas que se agarran a tiros todos los días. Los enfrentamientos ya forman parte de nuestra vida y nadie hace nada”, sostuvo la madre de un joven que hoy pelea por su vida tras haber participado de un tiroteo ocurrido en San Cayetano. Según los investigadores, la balacera estuvo vinculada a una disputa territorial por la venta de drogas y contó con la participación de más de una decena de personas, muchas de ellas menores de edad.
Las estadísticas, los homicidios recientes y los testimonios de vecinos, fiscales y especialistas terminan describiendo un mismo fenómeno. La violencia ya no aparece como un hecho aislado ni excepcional. Se manifiesta en el tránsito, en los conflictos vecinales, en las disputas familiares, en las calles de los barrios y en los enfrentamientos vinculados con el narcotráfico. El denominador común se repite una y otra vez: armas cada vez más presentes, consumo problemático de sustancias y una sociedad que parece haber naturalizado respuestas cada vez más violentas frente a cualquier conflicto. La gran incógnita es cuánto más deberán crecer las estadísticas para que el problema deje de analizarse caso por caso y empiece a abordarse como una verdadera emergencia social.
