Luego de un debate que se dilató varios meses, la Legislatura avanzó ayer con la reforma judicial impulsada por el oficialismo, una iniciativa que introduce modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (6.238), al Colegio de Jueces (9.119) y al Código Procesal Penal (8.933). Durante el debate, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, defendió los cambios incorporados al texto y sostuvo que algunas observaciones formuladas por distintos sectores fueron receptadas.
La parlamentaria justicialista explicó que uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la incorporación del esquema de competencia multifuero. En ese sentido, sostuvo que la medida responde a un diagnóstico concreto sobre el funcionamiento de los tribunales. “Se conoce cuál es el flujo de expedientes que se manejan, principalmente en Civil y Comercial, Documentos y Locaciones”, afirmó. Según indicó, existe un “cuello de botella” en los juzgados civiles y comerciales de la Capital, situación que demandaría la creación de alrededor de seis nuevos juzgados para atender adecuadamente la carga de trabajo.
Frente a esa realidad, Vargas Aignasse explicó que la decisión adoptada busca optimizar recursos existentes. “La decisión de la Corte es que es legal y, por cuestiones presupuestarias, hacer una competencia multifueros en el ámbito únicamente de estos dos juzgados para que quienes hoy son camaristas de Documentos y Locaciones adquieran la competencia de Civil y Comercial sin crear nuevos juzgados”, expresó. Además, aseguró que la medida permitirá ampliar competencias “sin perder calidad jurídica”.
Reorganización
El dictamen también contempla una reorganización de la estructura judicial. Entre los cambios figura la redistribución de jueces de ejecución penal y la ampliación de atribuciones para los Juzgados de Paz Letrados. El artículo 78 incorpora competencias vinculadas a procesos de divorcio, alimentos provisorios, regímenes comunicacionales y medidas urgentes de protección, además de fortalecer el rol de estos tribunales en el interior de la provincia.
“Es muy importante el fortalecimiento y las mejoras de infraestructura de los Juzgados de Paz”, sostuvo Vargas Aignasse. En ese sentido, consideró que las reformas deben contemplar las necesidades concretas del sistema judicial. “Si bien debe haber un criterio de especialización, también hay que analizar lo que se vive. Uno no puede hacer un análisis ideal cuando tiene que definir una situación”, argumentó.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos. El legislador Manuel Courel advirtió que el proyecto implica “un cambio de paradigma” que otorga mayores facultades a la Corte Suprema de Justicia, y particularmente a su presidencia, hoy a cargo de Daniel Leiva. También cuestionó la falta de participación de distintos actores judiciales en la elaboración de la iniciativa, según expresó.
En la misma línea, José Seleme planteó reparos al esquema multifuero y defendió la especialización judicial. Su par Agustín Romano Norri, por su parte, destacó aspectos positivos del trabajo en comisión, aunque rechazó la creación de competencias múltiples y la delegación de facultades a la Corte. A las críticas se sumó el legislador bancario Hugo Ledesma, quien expresó que no acompañaría la iniciativa por considerar que “no es un momento propicio” para impulsar reformas estructurales de gran magnitud.
Desde el oficialismo, el legislador alfarista Rodolfo Ocaranza respaldó el proyecto al sostener que busca “brindar mayor acceso a la Justicia”, mientras que el presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, defendió la reorganización propuesta y remarcó la necesidad de adecuar la estructura judicial a las demandas actuales del sistema.
Las modificaciones se habían presentado meses atrás, llegaron al recinto en abril, pero fueron devueltas a comisión para un mayor análisis luego de que diferentes actores vinculados al Poder Judicial plantearan sus dudas respecto a los cambios impulsados por pedido de la Corte Suprema.
