La denuncia penal formulada contra cinco funcionarios municipales por presuntas contrataciones irregulares resonó en el Concejo Deliberante capitalino. Hubo quienes señalaron que la demanda impulsada por la alfarista Ana González responde a una “maniobra electoral”, mientras que otros exigieron que se investigue y hasta deslizaron que los movimientos cuestionados ya eran “conocidos” en el ambiente político.
La acusación de González, representada por Juan Macario Santamarina, señala “hechos presuntamente delictivos” detectados a partir de un “patrón de conducta consistente en la contratación directa de determinadas cooperativas de trabajo” por un monto total de $2.700 millones, y apunta al secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; al contador General, Marcelo Albaca; y al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini.
Tras darse a conocer la denuncia, el concejal José María Franco (Peronismo de la Capital) desestimó la polémica y criticó que “es un estilo de hacer política bastante viejo”. “Es hacer política con el nombre de las personas sin tener papeles, sin tener información, generando un gasto en la Justicia y demorando causas que realmente tienen sustento probatorio. Me parece mal”, rechazó.
Además, el oficialista aseguró que se trata de una acusación infundada. “Leí parte de la denuncia y puedo decir, con conocimiento, que hay muchas cosas que son falsas”, señaló, aunque dijo que será una determinación que tendrá que dar la Fiscalía. Por último, lanzó: “parece que hay cierto sector de la oposición que está usando la misma táctica solamente para ganar un minuto más en la prensa”.
También el presidente del Concejo, Fernando Juri, respaldó a la intendenta Rossana Chahla y a su gabinete. “Confío que se han hecho las cosas bien. Conozco a Rossana y a su equipo; pienso que se adelantaron las cuestiones políticas y electorales, pero en definitiva será la Justicia la que dirima el asunto”, manifestó.
En paralelo, el compañero de bancada de González, Carlos Ale, indicó que -si bien dejará que el Poder Judicial se expida al respecto- “algunas de esas informaciones ya corrían en off”. “Hoy tenemos formalmente la denuncia en la Justicia; vamos a ver cómo avanza y qué dicen al finalizar el tratamiento”, planteó.
Seriedad
El concejal radical José María Canelada pidió que la investigación se dé “con absoluta seriedad, independencia y sin ningún tipo de privilegios ni protección política”, para que se determine si existieron irregularidades en las contrataciones denunciadas. “Y si efectivamente hubo funcionarios que utilizaron el Estado de manera indebida, la Justicia debe avanzar hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el peso de la ley”, remarcó.
Por último, el ex concejal y ahora funcionario del gabinete municipal, Carlos Arnedo, deslizó que, aunque no conocía en detalle el caso, “en estos tiempos que se viven, el folklore político está a la orden del día”.
Al cierre de esta edición, desde el Ejecutivo señalaron que los funcionarios acusados no darían más declaraciones -Chincarini fue el único en reaccionar a la demanda- pero advirtieron que aún no les habría llegado formalmente la acusación a la Municipalidad capitalina.
