La concejala alfarista Ana González formuló una denuncia penal contra cinco secretarios municipales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, alegando contrataciones directas “irregulares” por un monto total de $2.700 millones. En tanto, en la administración capitalina responden que la edila “busca protagonismo” y que los procedimientos se realizan dentro del marco legal vigente.
La demanda presentada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) va dirigida al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al contador General, Marcelo Albaca; al secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.
González, representada por Juan Macario Santamarina, denuncia “hechos presuntamente delictivos” detectados a partir de un “patrón de conducta consistente en la contratación directa de determinadas cooperativas de trabajo”, según el texto al que accedió LA GACETA. La interpretación acusatoria es que los funcionarios habrían firmado dichos convenios por “sumas millonarias” justificando “situaciones de necesidad y urgencia” para tareas “ordinarias, previsibles y programables”.
La acusación asegura que, al menos en la docena de casos formulados, se entregó la ejecución de servicios públicos a firmas que “no se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad” y que “carecían incluso de inscripción ante los organismos tributarios competentes para desarrollar las tareas por las cuales fueron contratadas, regularizando su situación recién en el mismo mes en que fueron requeridas para prestar los servicios en forma directa por la Municipalidad”.
Otro aspecto advertido por la alfarista es que las contrataciones “presentan montos que resultan, prima facie (a primera vista), manifiestamente excesivos, lo que aporta indicios suficientes para impulsar la investigación penal por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo”. El monto más alto denunciado corresponde a $398 millones para la adquisición de 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público a través de la cooperativa Providers S.A.
Respuesta oficial
En la gestión capitalina encabezada por Rossana Chahla aseguraron que al cierre de esta edición no habían sido notificados acerca de la demanda, aunque manifestaron la “firme voluntad de estar a disposición y cumplir con todo lo que requiera la Justicia”.
El titular de Servicios Públicos, Chincarini, acusó a González de impulsar una acusación “claramente política por una persona que fue parte, durante ocho años, del gobierno de Germán Alfaro; una gestión que estuvo reiteradamente señalada y denunciada por hechos de corrupción y que jamás dio explicaciones a los vecinos sobre muchas de sus acciones”. “Incluso, la propia denunciante fue exonerada del municipio en una causa vinculada a la desaparición de una camioneta oficial que aún sigue sin aparecer”, lanzó.
El funcionario interpretó que la opositora “busca adelantar los tiempos electorales judicializando la política” y respaldó al gabinete municipal. “Esta administración actúa dentro del marco de los procedimientos administrativos, legales y contables vigentes, con intervención de las áreas técnicas y de los órganos de contralor”, aseveró.
Enriquecimiento ilícito
La denuncia presentada por González, además, suma un apartado en el que apunta contra Albaca por presunto enriquecimiento ilícito. En particular, se menciona un viaje al exterior realizado por el contador General a China y se adjunta el estado de deuda del funcionario.
“Se ha podido constatar que registra a su nombre un crédito hipotecario del Banco Nación por la suma aproximada de $415 millones, destinado a la adquisición de un inmueble ubicado en el Country del Golf”, aduce la demanda. Y sigue: “este tipo de créditos cubre habitualmente entre el 60 y el 70% del valor total de la propiedad, lo que permite inferir un desembolso en efectivo de entre $120 millones y $160 millones, suma que resulta prima facie incompatible con los ingresos que podría percibir un funcionario municipal”.
Es por todo lo señalado que la demandante solicita -además de pedir el rol de querellante- un allanamiento urgente en la Municipalidad a los fines de que se proceda “al secuestro de expedientes administrativos vinculados a compras directas y registros de proveedores de la Municipalidad”; informes del Ipacym, del ARCA y de Rentas de la Provincia; allanamiento en los domicilios de las cooperativas cuestionadas; y solicitud y autorización del Banco Nación respecto del crédito hipotecario que habría solicitado Albaca.
Detalle de las cuentas
Son 12 contrataciones las que cuestiona González en la denuncia presentada al MPF. Algunas corresponden a tareas de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios verdes (como la que se firmó con la cooperativa Proyectar Futuro por $394 millones por tres meses en febrero del año pasado) y otras a la fabricación e instalación de refugios de paradas de colectivos (como la pactada con la cooperativa Atres Impresiones, el año pasado, por $398,6 millones para 40 dispositivos). “(Es un) patrón reiterado de actuación administrativa, consistente en la utilización sistemática del mecanismo de contratación directa para la realización de tareas ordinarias, previsibles y programables que, por su propia naturaleza, debieron ser canalizadas mediante los procedimientos legales de licitación pública”, afirma la demanda.
