A la espera de los informes solicitados a diferentes organismos se encuentra el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien entiende en la denuncia que presentó un ex empleado de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (Osppt) por presunto lavado de activos. Una de las devoluciones que aguarda principalmente es la de la Unidad de Información Financiera (UIF), entidad en la que también realizó una denuncia el médico José Alberto Gijena en el mes de febrero.
El titular por subrogancia legal de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán dejó en claro que estos informes serán determinantes para poder avanzar con la investigación. “Si el resultado es positivo se va a pedir la indagatoria y se citará a declarar a los denunciados”, explicó a este diario. A su vez, rechazó que la causa se encuentre paralizada, como aseguró el denunciante. “Jamás paralizo las causas, ni las cajoneo, ni por nada del estilo”, declaró a LA GACETA ante las críticas.
Se aguarda con mayor expectativa el informe que pueda entregar la UIF, ya que es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Acusación y queja
El médico Gijena radicó en febrero una denuncia penal contra el presidente de la obra social, Walter Alú, y el coordinador general de la institución, Héctor Heredia, a quienes señaló como presuntos responsables del delito de desvío de fondos de la obra social beneficios personales en detrimento de una cobertura adecuada para sus beneficiarios.
Según declaró el médico tocoginecólogo, en diciembre de 2025 tuvo una reunión con Alú en su oficina.
Contó en la dependencia judicial que el directivo le habría explicado cómo hacen para desviar fondos de la Osppt para uso personal a través de la adquisición de facturas apócrifas y detalló el procedimiento. Declaró que se le requirió elaborar un plan como director médico de la obra social para restringir la medicación de alto costo y hacer algo similar con las cirugías onerosas, lo cual supuestamente ahorraría unos $900 millones mensuales. Aseguró que le ofrecieron un 20% de participación, y que respondió tajantemente que no.
En diálogo con este diario, Gijena aseguró que no fue citado por la Fiscalía desde entonces. “Nunca me llamaron; no le conozco la cara al fiscal”, aseguró. Además, afirmó que tiene previsto pedir medidas al juez por supuesta inacción del fiscal.
El denunciante relató que una semana después del supuesto episodio fue despedido y que nunca se le pagó una indemnización. Por último, mencionó que desde el inicio de la actual gestión, en enero de 2024, creció el número de denuncias y reclamos en la obra social, y que la cifra total de afiliados se redujo más de un 50%.
“Denuncia falsa”
La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y la Osppt rechazaron la denuncia de Gijena. En un comunicado mencionaron que dichas denuncias “carecen de todo sustento fáctico y documental”. Reconocieron que el médico trabajó en la obra social durante años, pero que “fue despedido con justa causa” tras haberse detectado que supuestamente desempeñaba funciones de manera paralela en otra firma de salud, algo que el médico negó a este diario.
“Entendemos que estas acusaciones no son más que una denuncia falsa, movida por un evidente tinte vengativo y despecho laboral. Se trata de una clara maniobra de presión cuyo único objetivo es coaccionar a la institución para obtener recursos económicos de manera indebida”, expresaron en el texto. A su vez, se difundió un video del secretario general de la APT y el vicepresidente de la Osppt, Oscar Gijena, hermano del denunciante. Señaló que la denuncia se conoció después de la presentación del juicio laboral y dijo que no puede dejar de relacionarlo.
En cuanto a la situación de la obra social de los trabajadores de prensa, Oscar Gijena mencionó que existe contra ella una “guerra comercial feroz” por parte de empresas prepagas. “Hemos crecido muchísimo y atravesamos los mismos problemas que atraviesa todo el sistema de salud, por falta de financiamiento y de recursos”, dijo.
“Queremos dejar en claro y tranquilos a los beneficiarios que la obra social sigue trabajando con absoluta normalidad, que tienen garantizada toda la cobertura médica que obliga la prestación médica obligatoria, mucho más de la que pueden ofrecer muchas prepagas”, continuó. Y sobre la situación particular, añadió: “resulta especialmente complicado y duro salir a desmentir a una persona cercana de mi familia, pero lo tengo que hacer porque está por encima un interés superior que es colectivo”.
De acuerdo con lo que plasmó el denunciante, la Obra Social de Prensa pasó de tener 55.000 afiliados a unos 25.000 en menos de tres años.
