Poder Judicial nacional. ARCHIVO
Resumen para apurados
- La CGT recusó a los jueces González y Pesino y pidió anular el fallo que restituyó 83 artículos de la reforma laboral de Milei ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
- El conflicto surge tras un cambio procesal que reactivó la norma. Además, se cuestiona la imparcialidad de Pesino por el trámite oficial para extender su mandato por cinco años.
- Este desenlace definirá la vigencia de la reforma laboral. La impugnación de la CGT busca frenar cambios legislativos y cuestiona la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, y pidió la nulidad de la resolución que restableció la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos de manera cautelar.
La presentación fue realizada en el expediente iniciado por la central obrera contra el Estado Nacional, en el marco de su planteo de inconstitucionalidad contra la reforma. Además de apartar a los magistrados, la CGT solicitó declarar nula la decisión de la Cámara que modificó el alcance del recurso de apelación presentado por el Gobierno.
La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió cambiar el efecto con el que había sido concedida la apelación del Estado contra la decisión del juez Raúl Ojeda, quien había suspendido la aplicación de 83 artículos de la reforma. Con esa modificación, el tribunal restableció la vigencia de esos puntos de la ley mientras continúa la discusión judicial.
El recurso del Estado había sido concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la medida cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei presentó una queja para que se modificara ese criterio y se otorgara al recurso carácter suspensivo, planteo que fue aceptado por la Sala VIII.
Para fundamentar su decisión, los camaristas citaron el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende total o parcialmente los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo en supuestos excepcionales. Según los jueces, de manera preliminar, en este caso no se verificaban esas excepciones, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, el viernes se publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender por cinco años la permanencia del camarista Víctor Arturo Pesino, quien estaba próximo a cumplir 75 años, lo que generó críticas a intereses en el ambiente judicial y del oficialismo.
En ese contexto, la CGT avanzó con un nuevo escrito en el que también reclamó la nulidad de la resolución adoptada por la Cámara.
