PRECISOS. Los mensajes circularon en varias instituciones de la provincia
Resumen para apurados
- El Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializó el cobro a padres por operativos de falsas amenazas escolares para resarcir al Estado ante la reciente ola de intimidaciones.
- El protocolo cuantifica gastos de brigadas y tecnología tras la identificación judicial del menor. La iniciativa imita modelos de Santa Fe y Corrientes ante el colapso del sistema.
- Esta política busca frenar retos virales y optimizar el uso de fuerzas policiales. Sienta un precedente legal sobre la responsabilidad económica de tutores ante delitos juveniles.
El Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializó el "Protocolo de Recupero y Resarcimiento", una normativa que obliga a los padres o tutores de alumnos que realicen amenazas de tiroteos o bombas a pagar los costos de los operativos policiales. La medida surgió como respuesta a una ola de intimidaciones públicas que, lejos de ser consideradas "travesuras", son tratadas ahora como delitos con consecuencias financieras directas para las familias.
El costo del despliegue estatal
Cada amenaza activa un complejo dispositivo que incluye brigadas especiales, bomberos, investigadores y patrulleros. Según el nuevo protocolo, una vez que la Justicia identifica al menor responsable, el Estado cuantifica los recursos humanos y tecnológicos utilizados para emitir una intimación de pago.
"Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad", señalaron desde la cartera de Seguridad, al enfatizar que estos operativos gastam recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito en otros puntos de la provincia.
Un fenómeno regional
Córdoba no es pionera en esta estrategia. Otras jurisdicciones ya aplican sanciones similares ante el colapso del sistema:
En Santa Fe, el ministro Pablo Cococcioni reveló que cada operativo cuesta entre 5 y 6 millones de pesos. La provincia llegó a registrar un pico de 65 denuncias en un solo día.
En Corrientes, la Policía aplica el artículo 1.754 del Código Civil, que establece la responsabilidad solidaria de los padres por los daños causados por sus hijos.
En tanto que en Mar del Plata, la Justicia ya imputó a un menor de 17 años y rastrea si las amenazas están vinculadas a "retos virales" en redes sociales.
