Marcharon por el cierre del IPLA y crecen las críticas en Tucumán: “Son extorsionadores seriales”
Resumen para apurados
- Comerciantes y el legislador José Seleme marcharon en Tucumán para exigir el cierre del IPLA, denunciando extorsiones y multas abusivas que asfixian a los pequeños negocios locales.
- El proyecto surge tras denuncias de persecución y sanciones de hasta $2 millones. Seleme propone que municipios asuman el control y los empleados del ente sean reubicados en el Estado.
- La tensión crece ante la falta de tratamiento legislativo. Se prevén nuevas marchas y recolección de firmas para forzar la disolución de un organismo tildado hoy de innecesario.
En Tucumán se realizó una marcha para reclamar el cierre del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), en medio de un clima de creciente tensión entre comerciantes y el organismo. El legislador José Seleme, uno de los impulsores de la iniciativa, aseguró a LA GACETA que el ente “dejó de cumplir su función original” y apuntó con dureza contra su accionar.
“Es un reclamo que venimos realizando hace tiempo. Ayer fue la cuarta marcha para pedir que se trate nuestro proyecto de cierre definitivo del IPLA”, explicó en diáogo con LG Play. Según sostuvo, el organismo, creado hace más de dos décadas con fines de control y prevención, hoy “se dedica a perseguir al comerciante”.
En ese sentido, el legislador fue categórico. “Estos extorsionadores seriales que son los inspectores del IPLA deben terminar con su forma de actuar”. El legislador denunció que pequeños comerciantes, como kioscos, bares o minimercados, son los principales afectados por inspecciones y sanciones que calificó como “abusivas”.
MOVILIZACIÓN. Reclamo por el cierre del IPLA.
Seleme afirmó que recibe denuncias de manera constante, especialmente los fines de semana. “Me hablan de multas de 1,8 o 2 millones de pesos. Es una locura. Eso obliga a cerrar un negocio. Para un pequeño comerciante es impagable”, advirtió.
Además, relató un caso reciente en el que un comerciante fue trasladado a una comisaría en Famaillá pese a contar con un amparo judicial. “Hay atropellos que no tienen sentido y a los que les vamos a poner un límite”, remarcó.
IPLA
El legislador también cuestionó la superposición de controles. “La habilitación de los comercios corresponde a los municipios. No tiene sentido sumar otro organismo más. Esto no resiste ningún análisis”, sostuvo. En esa línea, propuso que las funciones del IPLA sean absorbidas por las administraciones municipales, como ocurre, según indicó, en otras provincias.
Respecto al futuro de los trabajadores del organismo, aclaró que la iniciativa no apunta contra el personal. “Deben ser reubicados en otras áreas del Estado donde hacen falta. Esto no es contra los empleados”.
Seleme anticipó que, si no hay avances legislativos, continuarán con las medidas de fuerza. “Vamos a seguir juntando firmas en la peatonal y en los barrios. En 30 días haremos una nueva marcha. Vamos a insistir hasta que este proyecto se trate”.
