NADIE EN LOS PUPITRES. Las aulas permanecieron, en muchos casos, cerradas y en otros prácticamente vacías por la propuesta universitaria.
El silencio en los pasillos del Centro Prebisch y las persianas bajas en la Quinta Agronómica fueron, este martes, fue el síntoma de una parálisis que ya no solo es administrativa, sino ya bastante más profunda. En el segundo día del paro nacional de 72 horas, la comunidad universitaria de Tucumán recibió una noticia que sacudió el tablero político: la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir, de manera inmediata, con la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo de la Sala III, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, cayó como un baldazo de agua fría en la Casa Rosada y como un tanque de oxígeno en los rectorados. La Justicia fue tajante: el Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes por IPC y recomponer las becas estudiantiles (Progresar y Manuel Belgrano), además de garantizar las partidas de funcionamiento que el presupuesto venía retaceando.
Los magistrados calificaron de “poco serios” los argumentos oficiales sobre el impacto fiscal, recordando que la educación es un derecho fundamental que no puede suspenderse por decreto. La resolución judicial llega en un momento de asfixia financiera extrema, donde muchas casas de altos estudios del país ya habían advertido que sus partidas de “gastos de funcionamiento” -limpieza, luz, insumos de laboratorio- estaban ejecutadas casi en su totalidad, dejando al sistema al borde del apagado técnico.
Bolsillos flacos
Mientras los abogados de la Nación preparan la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en San Miguel de Tucumán el conflicto se palpa en el asfalto. La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) confirmó un acatamiento casi total en las facultades y escuelas preuniversitarias. No es solo una cuestión de porcentajes; es el hartazgo de un sector que, según los gremios, ha perdido casi el 40% de su poder adquisitivo en los últimos dos años.
“La universidad no se rinde, pero tampoco llega a fin de mes”, se leía en uno de los carteles que custodiaban el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras. En las asambleas de pasillo, el fallo judicial fue el tema central, pero la desconfianza prima: los docentes saben que el “mañana” es incierto y que la resistencia del Gobierno a acatar la ley podría dilatar las soluciones reales. A esta incertidumbre salarial se le suma el conflicto de fondo por el “Presupuesto 2026”, que todavía navega en aguas de incertidumbre en el Congreso, donde el oficialismo nacional busca sostener el “déficit cero” a costa de los fondos de educación y ciencia, una pulseada que tiene a los rectores del NOA en alerta permanente.
A la crisis salarial se le suma, en el caso tucumano, la situación crítica de la obra social Asunt, un reclamo que se coló en las pancartas de este martes. Los recortes en coberturas y el aumento de coseguros han convertido el derecho a la salud en un lujo que muchos auxiliares docentes ya no pueden costear. Vienen reclamando, por ejemplo, que se suspenda el descuento por planilla de un ítems que va para la obra social y que pesa mucho en momentos donde los saliros están por el piso.
Clases en la calle
La medida de fuerza, que cuenta con el respaldo de Conadu y otras federaciones nacionales, tendrá este miércoles su capítulo final en lo que respecta a esta semana. Para la jornada de cierre del paro, las federaciones gremiales han convocado a una movilización que promete ser masiva en los alrededores del Rectorado y la Plaza Independencia.
Se espera que el espíritu de protesta se traslade a las veredas con clases públicas y “ruidazos” que buscarán romper la indiferencia oficial. La expectativa también está puesta en la respuesta política: se aguarda que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emita un comunicado de respaldo al fallo judicial, mientras que desde la Secretaría de Educación de la Nación ya deslizaron que la batalla legal recién comienza. En Tucumán, el miércoles será el termómetro definitivo de una comunidad educativa que, lejos de amilanarse por el paso del tiempo, parece haber encontrado en el fallo de la Cámara un nuevo motivo para resistir.
La tensión es máxima. Por un lado, la Justicia Federal le puso una fecha de vencimiento a la estrategia de ajuste del Gobierno sobre las universidades. Por el otro, el Ejecutivo nacional ya avisó que resistirá judicialmente. En el medio, miles de estudiantes tucumanos ven cómo el calendario académico se desdibuja entre paros y sentencias. Este miércoles las puertas de la UNT seguirán cerradas, pero el debate estará más abierto que nunca: ¿alcanza un fallo judicial para salvar a la universidad pública o el conflicto se resolverá recién cuando los números del presupuesto coincidan con la realidad de las aulas?
