MEDIA SANCIÓN. Con 149 votos a favor, Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad.
Con 149 votos a favor, 100 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo régimen penal juvenil impulsado por el oficialismo, cuyo eje principal es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora, la iniciativa deberá atravesar el debate en el Senado para convertirse en ley.
El principal cambio que introduce la iniciativa es la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. El proyecto prevé programas de capacitación, recreación y deporte, además de atención médica y contención frente a consumos problemáticos. También propone velar “por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas” y habilita “instancias de mediación con el adolescente imputado”.
El dictamen establece penas máximas de hasta 15 años, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. En los casos de penas de hasta tres años, se prevé reemplazar la privación de la libertad por sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricción para conducir vehículos o asistir a determinados espacios recreativos, impedimento de salida del país y prestación de servicios comunitarios.
Presupuesto destinado
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la asignación de una partida presupuestaria de $23.739 millones para su implementación. Más de $20.000 millones serán destinados a la Defensoría General de la Nación con el fin de garantizar la defensa de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, se contemplan más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia de la Nación, organismo encargado de designar a los “supervisores”, una figura central en la aplicación del régimen. Estos deberán contar con “formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social”. El texto señala entre sus funciones “mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, supervisar y controlar su evolución durante su detención”.
La normativa también dispone que los alojamientos de menores deberán “hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos”. En este punto, no se prevé financiamiento específico, sino que se establece que la Nación y las provincias “podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación” para garantizar los estándares previstos, incluso mediante el traslado de adolescentes a otras jurisdicciones.
Reclamos de la oposición
El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes cuestionamientos.. Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico” y defendió un dictamen alternativo que mantiene la edad de imputabilidad entre los 16 y 18 años.
Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores también hubo cuestionamientos. La diputada Myriam Bregman sostuvo que la ley “es para la persecución penal de los pibes” y rechazó el enfoque punitivo de la iniciativa.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto expresó una postura intermedia y afirmó: “La baja de la punibilidad es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”.
Minutos antes de la votación, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que algunos artículos fueron modificados para que “no se preste a confusión” la prohibición absoluta de alojar a menores en los mismos espacios que detenidos adultos.
