BUENOS AIRES.- La Cámara de Senadores sesionará el miércoles próximo para debatir el proyecto de protección de la industria de productos electrónicos en la Provincia de Tierra del Fuego, que fue modificado por una comisión del Senado para evitar que fuera favorecida una fábrica de aires acondicionados.
La comisión de Presupuesto y Hacienda  de la Cámara Alta aprobó un dictamen mayoritario que establece que los acondicionadores de aires protegidos son los que llegan a un máximo de 6.000 frigorías, en lugar de hasta 18.000 que contemplaba el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los aparatos de hasta 6.000 frigorías cubren las necesidades de domicilios particulares, mientras que las de mayor tamaño comprenden a maquinarias destinadas a locales comerciales e industriales de gran tamaño. Esa fue la salvedad que el oficialismo hizo a la iniciativa del Ejecutivo.
Labor Parlamentaria
El martes se reunirá la comisión de Labor Parlamentaria, que reúne a los presidentes de los 22 bloques del senado, para incluir en la agenda de la sesión del día siguiente el proyecto que beneficia a las plantas industriales del territorio fueguino a través del mecanismo de fijar más impuestos a los productos tecnológicos que no tengan origen en la isla.
En la sesión del 3 de septiembre pasado, el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, pidió una sorpresiva interrupción al debate del tema para reclamar la vuelta a la Comisión de Presupuesto del tema, ante la confirmación de que en la sesión de Diputados se habían introducían modificaciones que "no contaban con el aval de la presidenta" Cristina Fernández de Kirchner ni el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El texto original del Poder Ejecutivo Nacional había sido modificado en la Cámara de Diputados a pedido del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Marconato, quien luego admitió que se trató de un error, que fue "tomado con buena fe y compromiso total" por los integrantes del equipo.
Fuentes del oficialismo de la Cámara Baja aseguraron que el cambio fue adoptado tras consultar con el Ministerio de la Producción (a cargo de Débora Giorgi), pero este organismo emitió un comunicado rechazando que hubiera dado aval a la modificación. Nunca se aclaró que había sucedido realmente. Las cámaras de empresarios del sector rechazan el proyecto porque, según afirmaron, atentaría contra las ventas de artículos electrónicos. (DyN)