BUENOS AIRES.- La movilidad de los haberes jubilatorios que paga el Estado ya es ley, pero ni siquiera los afiches sin firma que aparecieron temprano en el microcentro porteño con varias caras pesadas, para ellos de triste recuerdo (Menem, Cavallo, De la Rúa), pudieron convencer al grueso de los jubilados. El primer reparo sobre la ley es que, por su importancia, debería haber contado con mayor consenso legislativo. Los jubilados perciben que, si bien con la nueva legislación se avanza un escalón en beneficios, esta vez el pelotazo les llegó de quienes dieron el "sí" a esta movilidad con muletas.El salto de los haberes surgirá de una fórmula casi esotérica inventada en Diputados, cuya relación no sigue para nada el fallo de la Corte sobre el "caso Badaro", dijeron los jubilados y la oposición, lo que alentaría un pedido judicial de inconstitucionalidad. Aquel precedente del Alto Tribunal ligaba el ajuste previsional a los salarios en actividad y esto no ocurre con esta ley, ya que el engendro matemático que se votó como anexo tiene dos vertientes mezcladas entre recaudación y salarios, aunque siempre deberá ser tomado el resultado menor. Es decir, el que resulte peor para el bolsillo del jubilado. Entonces, el salario quedará por debajo de cualquier proceso inflacionario.
Más allá de la desconfianza que existe hacia el propio Indec, lo matemáticamente indiscutible es que la ecuación aprobada siempre hace correr a los jubilados desde atrás y ni siquiera la fórmula elegida consiente el promedio simple.
Otro gran reparo es que la nueva ley no contempla el período de retroactividad, por lo que se descuenta que los Tribunales se llenarán de demandas, por una suma que los expertos calculan en $ 20.000 millones anuales adicionales a los ajustes. Por otra parte, como el nuevo índice se aplicará de ahora en más sobre una base que también será recurrida judicialmente, si la Corte vuelve a fallar para actualizar el pasado, como en el "caso Badaro", los ajustes se seguirán acumulando.