La cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, pasó de los discursos amenazadores al apretón de manos pacificador y distendió así -al menos por el momento- la tensión generada por la muerte del terrorista Raúl Reyes a manos de las fuerzas armadas colombianas, que lo habían localizado a unos 1.800 metros del lado ecuatoriano del río Putumayo y terminaron con su vida en una operación de singular precisión.
Uribe, el presidente con más alto índice de popularidad en la región, enfrentó la crisis con decisión y con coraje, frente a un grupo de países encendidos que le eran abiertamente hostiles. Entre ellos, Ecuador, no sin razones; Venezuela, que tiró toda la leña que pudo al fuego que no le pertenecía, hasta que la difusión de información comprometedora contenida en las computadoras secuestradas por las fuerzas armadas colombianas la dejó en posición comprometida; y los habituales compañeros de ruta de Venezuela, en este caso contando con la actuación especial de un envejecido y desaliñado Daniel Ortega.
Colombia pidió disculpas, aclarando que no tuvo posibilidades de hacer otra cosa sin correr el riesgo real que Raúl Reyes escapara de la persecución, lo que probablemente ha sido así. Pero dejó desairados a Ecuador y Venezuela, cuyas sospechadas conexiones con las FARC parecieran haberse comprobado como nunca hasta ahora.

Puntos pendientes
Para que la paz quede asegurada, más allá de un circunstancial apretón de manos hay mucho que hacer en la región.
Lo primero es respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, que Hugo Chávez ha pisoteado constantemente en los últimos años, elevando así las tensiones regionales.
Las elecciones de Rafael Correa, de Evo Morales y de Daniel Ortega quizás no hubieran ocurrido sin la cooperación bolivariana. Y está también lo de Ollanta Humala y la investigación del caso Antonini Wilson.
Lo segundo es actuar de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, obligatoria para todos, desde que se dictara en el ámbito del capítulo VII de la Carta, que obliga a no financiar a los terroristas y a asegurar que las fronteras no son porosas ni los países santuarios para los terroristas.
En tercer lugar es necesario contar con acuerdos (al menos bilaterales) que permitan superar los formalismos y ser efectivos en la lucha contra los terroristas. Ellos permitirán a la región una lucha eficiente contra un flagelo común. Lo que no es fácil cuando hay simpatías ideológicas con los terroristas.
Y, por último, es necesario respetar las Convenciones de Ginebra de 1949, también aplicables a los conflictos armados internos, que aseguran que no se atente cobardemente contra los civiles inocentes, incluyendo la prohibición específica de secuestrarlos o de tomarlos de rehenes, lo que es una crueldad que esas convenciones procuran desterrar.
Nadie debe quedar impune si ha cometido crímenes de guerra en conflictos armados internos, porque ellos son simplemente son crímenes de lesa humanidad cometidos en el curso de esos conflictos. Ni en Colombia, ni en ningún otro rincón de la región.