Caso Tacacho: “Que los responsables respondan”
La familia de la docente asesinada por su acosador denunció a la Provincia por daños y perjuicios. Denuncias desoídas de la víctima.
La familia de la docente asesinada por su acosador denunció a la Provincia por daños y perjuicios. Denuncias desoídas de la víctima.
Con una pericia caligráfica y un testimonio, los acusadores creen que la pena será perpetua
El padre de la adolescente responsabilizó a su vecino del crimen en el inicio del debate oral. El único imputado se negó a declarar
Familiares y agrupaciones sociales se movilizaron contra la estructura judicial. Pidieron el avance de los expedientes por los fiscales que habían recibido las denuncias de la joven salteña.
Bonari se hizo eco de una denuncia contra el ex intendente bandeño, quien tiene fueros constitucionales, y pidió abrir una pesquisa que involucra a familiares y funcionarios de su gestión.
La comisión de Juicio Político que preside el justicialista Khoder resolvió trasladar denuncias. El juez Guyot responderá otra impugnación.
La pesquisa administrativa procurará dilucidar las denuncias de Bonari y López Bustos Marranzino, ministro público fiscal suplente, encargó la investigación a los funcionarios Cattáneo y Valle Bazzi.
Bonari expresó que su par López Bustos habría cometido supuestos actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones. “La Justicia debe investigarlo”, dijo.
Los detalles de la declaración del acusado.
La teoría del homicidio es la más fuerte La Justicia Federal decidió archivar la causa por falta de indicios. La familia pide que no cese la búsqueda de la joven.
El presidente Billone pronunció el discurso más crítico de su gestión: citó la causa de las valijas legislativas como ejemplo del descrédito.
El juez Maggio accedió al requerimiento fiscal y archivó las actuaciones vinculadas al uso de $ 615 millones en 2015 para ayudas sociales.
Dos sospechosos llegaron y le dispararon a un joven, que fue internado en un hospital.
La jueza Carolina Ballesteros desestimó una orden de allanamiento; mientras que el fiscal Claudio Bonari ratificó la recusación.
A raíz de un apercibimiento de la magistrada para que el fiscal le remitiese un expediente, este pidió custodia policial para su oficina.
El fiscal recordó que los gastos sociales fueron controlados y aprobados.