Será investigado internamente el conflicto entre dos fiscales

La pesquisa administrativa procurará dilucidar las denuncias de Bonari y López Bustos Marranzino, ministro público fiscal suplente, encargó la investigación a los funcionarios Cattáneo y Valle Bazzi.

06 Ago 2020 Por Irene Benito
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MINISTRO PÚBLICO FISCAL SUPLENTE. Daniel Marranzino durante un juicio oral y público del año pasado. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio (archivo)

El cruce de denuncias penales entre los fiscales Claudio Bonari e Ignacio López Bustos derivó en una decisión poco frecuente en el Ministerio Público Fiscal: la apertura de una investigación interna para esclarecer las supuestas irregularidades que se endilgaron los encargados de dilucidar delitos. Daniel Marranzino, ministro público fiscal subrogante -reemplaza al titular Edmundo Jiménez- ordenó la pesquisa administrativa en la Resolución 233 del 17 de julio pasado. Marranzino dispuso que el relator del Ministerio, Carlos Guido Cattáneo, actúe como instructor y que el prosecretario de Superintendencia, Héctor Santiago Valle Bazzi, haga las veces de secretario.

La Resolución 233 indica que el 13 de julio llegó, por medio de WhatsApp, la denuncia por presuntas amenazas atribuidas a Bonari que López Bustos había formulado ante la Comisaría N°1 de San Miguel de Tucumán. Marranzino añadió que dos días después LA GACETA había publicado una crónica titulada “La Justicia debe investigar a López Bustos” a partir de comentarios de Bonari. Ese mismo 17 de julio, el Ministerio Público Fiscal resolvió acumular unas actuaciones previas de 2019 relacionadas con la disputa (la Resolución 233 no detalla ni el estado de ese procedimiento interno ni los hechos que lo originaron).

“Si bien las denuncias de delitos deben ser instruidas de acuerdo con el Código Procesal Penal de Tucumán vigente en la jurisdicción (el de 1991, que establece la investigación jurisdiccional a cargo de un juez para el supuesto de que haya fueros), el recto orden del servicio público de la administración de justicia debe ser mantenido y resguardado por los estamentos correspondientes en función de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las restantes normas reglamentarias de la conducta administrativa”, dijo Marranzino. El jefe de los fiscales subrogante expresó que “ineludiblemente” el Ministerio Público Fiscal debía disponer la sustanciación de la correspondiente investigación interna a los fines de deslindar las responsabilidades vinculadas con los hechos denunciados por los fiscales.


Insultos en la vía pública

Los roces entre López Bustos y Bonari comenzaron en septiembre del año pasado cuando el segundo recibió una denuncia de violencia de género de parte de la mamá de su bebé. La acusación ingresó a la Fiscalía Especializada a cargo de López Bustos. Si bien la joven ratificó su versión de los hechos, luego desistió. López Bustos consideró que estaban dadas las condiciones para abrir una investigación jurisdiccional, pero el juez Alejandro Tomás (N°1) desestimó el pedido. Luego el fiscal recurrió esa decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

El 6 de julio, los fiscales se encontraron en las inmediaciones de la sede judicial en la que prestan servicios. Según la denuncia policial de López Bustos, hubo una discusión donde Bonari habría manifestado a su par: “te voy a hacer cagar. Hijo de puta, vos me estás investigando ilegalmente”. Ante la Comisaría N°1, el denunciante añadió que Bonari ya lo había intimidado antes y que ello constaba en el Ministerio Público Fiscal. En virtud de este suceso en la vía pública, el abogado Gustavo Morales solicitó la destitución de Bonari, a quien tildó de violento, a la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

En el ida y vuelta de cuestionamientos, Bonari informó que previamente había denunciado a López Bustos por la presunta perpetración de delitos en el ejercicio de la función pública y que la madre de su hijo había hecho lo propio por considerarse víctima de violencia institucional. En particular, el fiscal reprochó que su colega nunca haya asumido en la ex Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°9 (actual Fiscalía de Delitos Complejos) para la que había sido nombrado. Consultado al respecto, López Bustos prefirió no hacer comentarios, aunque ratificó su actos y puso a disposición los expedientes.

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