A veinte años del crimen de Paulina Lebbos, las cuatro grandes sentencias que produjo la Justicia tucumana dejaron una conclusión tan contundente como incómoda para el propio Estado. Los tribunales lograron acreditar falsificaciones de documentos públicos, ocultamiento de pruebas, contaminación de escenas, construcción de pistas falsas, desvíos deliberados de la investigación y maniobras de encubrimiento ejecutadas desde distintas estructuras estatales. Hubo policías condenados, jefes policiales condenados, funcionarios políticos condenados y hasta un fiscal condenado. Sin embargo, dos décadas después del asesinato, la pregunta que dio origen a la causa sigue sin una respuesta judicial definitiva: quién o quiénes mataron a Paulina.
La desaparición de Paulina Alejandra Lebbos, ocurrida durante la madrugada del 26 de febrero de 2006, marcó el inicio de uno de los procesos judiciales más extensos, complejos y controvertidos de la historia reciente de Tucumán. Lo que comenzó como una investigación por la desaparición y posterior homicidio de una joven terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en una radiografía del funcionamiento de distintas instituciones del Estado provincial.
Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamenteLa lectura conjunta de las sentencias dictadas en los juicios denominados García, Di Lella, Soto y Albaca permite observar una particularidad difícil de encontrar en otros expedientes penales. A medida que la investigación avanzaba, las certezas sobre el homicidio parecían diluirse, mientras se acumulaban pruebas cada vez más sólidas sobre quienes habían obstaculizado su esclarecimiento. El resultado final fue paradójico: la Justicia consiguió establecer cómo se encubrió el crimen, pero no logró determinar quién lo cometió.
La primera secuencia reconstruida judicialmente se remonta al hallazgo del cuerpo de Paulina, ocurrido el 11 de marzo de 2006. Allí aparece uno de los elementos más importantes de toda la historia del caso. Los tribunales concluyeron que la versión oficial construida por la Policía de Tucumán no reflejaba lo que realmente había sucedido. Las sentencias determinaron que quienes encontraron el cadáver fueron los hermanos Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea. Sin embargo, esa circunstancia fue ocultada deliberadamente en la documentación oficial. En su lugar, se asentó que el hallazgo había sido realizado por personal policial. Aquella alteración no constituyó una simple irregularidad administrativa. Con los años, la Justicia llegaría a la conclusión de que formó parte de una maniobra destinada a entorpecer la investigación del homicidio. A partir de allí comenzaron a aparecer elementos que luego se repetirían en prácticamente todos los juicios: actas falsas, testimonios cuestionados, rastrillajes inexistentes, firmas adulteradas y reconstrucciones de hechos incompatibles con la evidencia reunida.
Caso Lebbos: el fiscal Sale impugnó la absolución de César Soto ante la Corte provincialEl primer juicio
El primero de los grandes juicios derivados de la causa terminó con las condenas del ex subcomisario Enrique Antonio García y de los policías Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina. Los magistrados concluyeron que participaron en la confección y validación de documentación falsa vinculada al hallazgo del cuerpo y a los operativos desplegados durante la búsqueda de Paulina. La sentencia tuvo por probado que el acta del 11 de marzo de 2006 ocultaba deliberadamente la intervención de los hermanos Goitea y consignaba circunstancias que no habían ocurrido en la realidad. También acreditó la existencia de falsificaciones vinculadas a actuaciones policiales previas y a procedimientos de búsqueda que nunca fueron ejecutados en la forma que figuraban en los documentos oficiales.
La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina LebbosAquel fallo constituyó el primer reconocimiento judicial de una hipótesis que durante años había sido sostenida por la querella encabezada por Alberto Lebbos: que parte de la investigación había sido manipulada desde el propio aparato estatal.
Pero las conclusiones más severas llegarían tiempo después, cuando el proceso alcanzó a la cúpula policial y a las máximas autoridades de seguridad de la provincia.
El segundo juicio
El juicio contra el ex secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Oscar Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe Luis Nicolás Barrera y el ex titular de la Unidad Regional Norte Héctor Rubén Brito permitió reconstruir con mayor profundidad lo ocurrido durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. La sentencia concluyó que los acusados participaron de un plan concertado para atribuir falsamente a la Policía el descubrimiento del cadáver, adulterar documentación oficial y generar condiciones que dificultaran el esclarecimiento del crimen. Los jueces consideraron acreditado que los funcionarios actuaron con pleno conocimiento de las consecuencias que esas acciones tendrían sobre la investigación penal. El fallo es especialmente duro cuando describe el comportamiento de los acusados. Habla de una actuación coordinada, ejecutada aprovechando la jerarquía de los cargos que ocupaban y orientada a desviar la actuación judicial. También sostiene que las maniobras fueron realizadas con conocimiento de que obstaculizarían el descubrimiento de la verdad.
La sentencia reconstruyó además cómo distintos subordinados recibieron instrucciones para confeccionar documentación que no reflejaba lo ocurrido, cómo se modificaron circunstancias esenciales del hallazgo y cómo se consolidó una versión oficial destinada a sustituir los hechos reales. Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la referencia a una red de encubrimiento estatal. La expresión aparece como una síntesis de los mecanismos que, según los jueces, funcionaron durante años alrededor del expediente. Ya no se trataba solamente de responsabilidades individuales. Lo que comenzaba a emerger era una estructura institucional que había intervenido sobre la investigación en distintos niveles.
Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimientoLas sentencias también describen la existencia de fotografías halladas en dependencias policiales que mostraban actuaciones incompatibles con la preservación de evidencia y que reforzaban las sospechas sobre la contaminación de la escena.
La Policía de Tucumán aparece como una de las instituciones más cuestionadas a lo largo de los cuatro fallos. Los jueces mencionan rastrillajes ficticios, construcción de pistas falsas, ocultamiento de evidencia, confección de documentos apócrifos y alteración de circunstancias vinculadas al hallazgo del cuerpo.
El tercer juicio
Sin embargo, el cuestionamiento institucional no se limitó a las fuerzas de seguridad. Con el paso de los años, las investigaciones comenzaron a apuntar también hacia el funcionamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Allí aparece la figura de Carlos Ramón Albaca. La condena contra el ex fiscal representa probablemente uno de los episodios más extraordinarios de toda la historia judicial tucumana. El funcionario que durante años tuvo en sus manos la investigación del homicidio terminó siendo condenado por encubrimiento agravado.
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”La sentencia sostiene que Albaca desarrolló un proceder sistemático orientado a entorpecer el descubrimiento de la verdad. Los jueces concluyeron que ocultó rastros, dejó de impulsar medidas relevantes, paralizó líneas investigativas y omitió profundizar hipótesis que podían resultar relevantes para el esclarecimiento del crimen.
La resolución señala que esas conductas tuvieron efectos concretos sobre la investigación. Según el fallo, las omisiones acumuladas durante años contribuyeron directamente a impedir el descubrimiento de la verdad. Las críticas judiciales fueron particularmente severas. Se habló de una negación del servicio de justicia. También se destacó que la actuación del fiscal había generado una paralización injustificada de la causa durante años.
El caso Albaca expuso además las falencias institucionales del propio sistema judicial. La sentencia recuerda que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había ordenado un sumario administrativo que terminó convirtiéndose en uno de los antecedentes fundamentales para la posterior investigación penal.
Los jueces también avanzaron sobre la responsabilidad civil derivada de esas conductas. La condena incluyó una reparación económica destinada a Leticia Nieva, hija de Paulina, por los daños ocasionados por la actuación irregular de los funcionarios involucrados.
El último juicio
En paralelo a los juicios por encubrimiento, la Justicia intentó determinar quién había cometido el homicidio. Ese capítulo tuvo su expresión más visible en el proceso seguido contra Víctor César Soto, pareja de Paulina y padre de su hija. Durante años, Soto ocupó un lugar central dentro de las hipótesis investigativas. Sin embargo, el juicio concluyó con su absolución por el delito de homicidio agravado por alevosía. La misma resolución absolvió también a Sergio Hernán Kaleñuk del delito de encubrimiento agravado.
Los crímenes del juez Aráoz y de Paulina Lebbos: pequeñas y grandes diferencias en dos fallosLejos de cerrar definitivamente las líneas investigativas, la sentencia dispuso remitir antecedentes para profundizar la investigación respecto de posibles autores, partícipes y encubridores. También ordenó analizar eventuales falsos testimonios y otras conductas detectadas durante el proceso. La absolución de Soto constituye probablemente uno de los datos más significativos de toda la historia judicial del caso. Después de años de investigación, el tribunal concluyó que no existía prueba suficiente para atribuirle penalmente el homicidio.
Algo similar ocurrió con otras personas cuyos nombres atravesaron distintas etapas del expediente. Roberto Luis Gómez fue absuelto del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Hugo Waldino Rodríguez resultó absuelto de la acusación de encubrimiento agravado, aunque recibió condena por falsedad ideológica de instrumento público. Incluso algunas sentencias ordenaron remitir actuaciones para continuar investigando posibles responsabilidades de terceros.
Los puntos en común de las sentencias
La consecuencia fue una acumulación de condenas por encubrimiento y una ausencia persistente de condenas por el homicidio. Otro de los elementos que atraviesa transversalmente los cuatro fallos es la referencia a la construcción de pistas falsas y al abandono de líneas investigativas que podrían haber resultado relevantes. Los jueces describen una investigación orientada durante largos períodos hacia hipótesis que terminaron revelándose inconsistentes. Paralelamente, otras líneas quedaron paralizadas o fueron directamente abandonadas.
Las sentencias mencionan una inclinación persistente hacia caminos que no conducían a los responsables y una resistencia a profundizar determinadas hipótesis. Esa dinámica aparece señalada como uno de los factores que contribuyeron al fracaso de la investigación para identificar a los autores del crimen.
Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de SotoEn todos los expedientes emerge además una figura constante: Alberto Lebbos. Las sentencias lo muestran como querellante, impulsor de medidas probatorias, denunciante de irregularidades y principal sostén de una búsqueda que se prolongó durante dos décadas. Los tribunales reconocen su intervención permanente para reactivar investigaciones, cuestionar decisiones judiciales y sostener líneas de trabajo que luego terminarían adquiriendo relevancia. Su nombre aparece junto al de Paulina en prácticamente todas las etapas del expediente. También aparece asociado a las consecuencias personales y familiares que produjo la falta de respuestas judiciales.
La lectura integral de las cuatro sentencias permite arribar a una conclusión difícil de soslayar. La Justicia logró probar que funcionarios policiales falsearon documentos. Probó que existieron rastrillajes ficticios. Probó que se ocultó quién encontró el cuerpo. Probó que se confeccionaron actas falsas. Probó que la investigación fue desviada. Probó que un fiscal entorpeció el avance de la causa. Probó que funcionarios públicos utilizaron sus cargos para obstaculizar el descubrimiento de la verdad. Pero ninguna sentencia logró probar quién mató a Paulina Lebbos. Veinte años después, esa sigue siendo la principal deuda del caso.
La paradoja es tan evidente como contundente. El expediente consiguió reconstruir con precisión creciente los mecanismos del encubrimiento, identificar a muchos de sus responsables y dictar condenas ejemplares contra quienes debían garantizar el funcionamiento de las instituciones. Lo que todavía no consiguió es resolver el interrogante que originó todo el proceso judicial.
Las sentencias explican cómo se perdió la verdad. Lo que todavía no logran explicar es quién se benefició de que esa verdad permaneciera oculta durante dos décadas.