Por Juan Manuel Montero
08 Junio 2023
REFORMAS. Así luce el estacionamiento de la Legislatura luego de las obras. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS AUAD
Son 280.000 sachets de litro de leche de primera marca.
Son 84.000 kilos de pan.
Son 180.000 paquetes de fideos de medio kilo.
Son 155.000 botellas de 900 cc de aceite común.
Son 11.000 pares de zapatillas de lona para escolares.
Son 12.000 guardapolvos para niños.
Son 2.100 kits escolares básicos.
Son 20.000 mochilas para estudiantes.
Son 17.000 estetoscopios.
Son 12.000 pelotas de fútbol.
Son 1.680.000 ladrillos.
Son 12.000 chapas para techo de 1 metro por 1 metro.
Son 6.500 colchones.
Son 46.000 plantines de lapacho.
Son 600 jubilaciones mínimas.
Son 21.000 entradas populares para ver un partido de fútbol de primera.
Son 7.000 handies.
Son 2.100 cámaras de seguridad.
Son 2.000 bicicletas para chicos.
Son 2.000 celulares baratos que podrían distribuirse en escuelas.
Se les dice legislador, congresista, parlamentario. Son, según la Constitución, los representantes del pueblo. Con todo lo que ello representa. Son quienes deberían velar por los intereses de los ciudadanos. Los que con las leyes que votan deberían propiciar un mejor estilo de vida. Pues bien, ellos, nuestros representantes, decidieron que su prioridad era proteger sus vehículos. Y para eso lo que hicieron fue talar 12 árboles, ya que necesitaban espacio para las estructuras del nuevo estacionamiento. Eso sí, el lunes en sus redes sociales muchos festejaron el día del ambiente. Irónico, como mínimo. Y gastaron más de 42 millones para las reformas, lo que representa cada uno de los ítems que enumeramos al principio de esta columna. ¿Cómo puede justificarse algo así en una provincia donde la pobreza llega al 45%, donde miles de chicos viven en la indigencia, donde centenares de tucumanos no tienen cloacas? La Legislatura tucumana es famosa por sus gastos. De hecho, es la más cara del país con un presupuesto actual de $ 33.000.000.000 del cual no se sabe exactamente en qué se gasta. Porque a pesar del paso de los años, por ejemplo, aún no tenemos una ley de acceso a la información pública por lo que saber cuál es el destino de esa cantidad de dinero es imposible. Ni la Justicia pudo abrir esa puerta ya que cuando se judicializó, por ejemplo, la necesidad de conocer cuántos empleados tenía realmente la Legislatura, la Corte cerró el camino con un fallo en contra del pedido. Y ahora, sin dar demasiadas explicaciones, los legisladores decidieron gastar ese dineral en vez de invertirlo en beneficios para los tucumanos. Esto, sin contar que la Legislatura ya tiene otro estacionamiento, subterráneo, pero debe ser que no alcanza para la cantidad de vehículos. Ni qué hablar de que aún funciona el estacionamiento de la esquina de España y Maipú, detrás del edificio del Casino. Pero seguramente tampoco con ese espacio alcanza. Había que hacer uno nuevo justo al lado del vidriado edificio al que, recordemos, nada menos que el ilustre arquitecto tucumano César Pelli calificó como “horrible”.
Hoy, en Tucumán, un legislador cobra aproximadamente unos 400.000 pesos en mano. El sueldo básico de un maestro es de 90.000 pesos. ¿Y el de un médico? 150.000 pesos. Pero ninguno de ellos tiene la posibilidad de gastar 42 millones de pesos para construir un estacionamiento y proteger su auto, si es que tienen.
En cuatro días los tucumanos iremos a las urnas nuevamente. Esgrimiremos entonces el arma más importante que tenemos en democracia: el voto. Desde hace seis meses asistimos a una campaña electoral que, como cada cuatro años, saca a la calle a los candidatos que recorren pueblos y ciudades a los que, luego y en la mayoría de los casos, no volverán nunca más. Entre ellos hay candidatos a legislador. Algunos pretenden ganar la banca, otros, revalidarla. Hemos escuchado promesas de todos los colores, y sabemos que muchísimas de ellas jamás serán cumplidas. Hemos visto candidatos sonriendo en los carteles, y pocos supieron explicar de qué se reían. Mientras tanto, vemos protestas en toda la provincia de médicos que, luego de haber sido tildados de héroes durante la pandemia, ahora tienen que mendigar por un salario digno. Algunos aseguran que con ellos el futuro será mejor, a pesar de que tienen el poder desde hace años. Los otros afirman que es hora de un cambio y que ellos sí saben cómo sacar a la provincia de este atolladero. Todos dicen tener la fórmula mágica. Pero los hechizados somos los que vivimos en esta provincia.
Hace cuatro años, cuando se votó a las actuales autoridades, Tucumán tenía un índice inflacionario del 53%. Y el 44% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, la inflación es de 101% y la pobreza supera el 45%. Lo único que hicimos fue retroceder. Pero lo que más deberíamos pedir es, como mínimo, empatía. ¿Qué pensaron los que gastaron millones de pesos para proteger sus vehículos particulares mientras la provincia está en un pozo inmerso en arenas movedizas? Esos dineros son públicos, pertenecen a todos los tucumanos, y no a nuestros “representantes”.
¿Qué esperan algunos del próximo gobernante? Obras, chicas y grandes. Mayor educación, mejor salud, menos asfixia impositiva, mejores condiciones de vida. Pero sobre todo reclamamos transparencia. Ver el destino de nuestros impuestos. Dejar de envidiar lo que hacen las provincias vecinas, y volver a enorgullecernos de lo que tiene la nuestra. El martes, en medio del debate entre candidatos a gobernador organizado por LA GACETA, le preguntaron a Jaldo por la ley de Acceso a la Información Pública. Y el actual vicegobernador de la provincia no dudó: “Para que haya una ley, tiene que salir del Poder Legislativo de la Provincia, y para que una ley salga tiene que haber mayoría. Por eso, es importante que los espacios políticos de la provincia se pongan de acuerdo, consigan mayoría, y todos juntos saquemos la ley de información pública. Yo estoy de acuerdo, y si estuviese en el recinto, yo la votaría”. Habiendo sido él el presidente de la Legislatura en los últimos años, y con mayoría abrumadora del oficialismo, da la sensación de que ya podrían haber sacado esa norma que nos permitiría a todos los tucumanos acceder a información oficial que hoy está guardada bajo siete llaves. Y que por lo menos el dinero público se use para todos los tucumanos, y no para un grupo de privilegiados.
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