El impacto del nuevo código penal y la crisis carcelaria

El impacto del nuevo código penal y la crisis carcelaria

“Estamos a la espera de que se readecúen algunos lugares del PE”.

05 Marzo 2022

Durante su alocución de apertura, el titular de la Corte Suprema, Daniel Leiva, detalló la celeridad que brinda el nuevo sistema penal. A modo de ejemplo, resaltó que durante 2021, en plena pandemia, se llevaron a cabo 16.472 audiencias, con 2.253 prisiones preventivas otorgadas. Dijo que se celebraron, además, 172 juicios orales y públicos. En ese sentido, y solamente en relación a delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia, durante el año 2021 fueron condenadas 2.234 personas en el sistema adversarial.

El vértigo del ritmo de las condenas, a su vez, agudiza la crisis carcelaria -rige una emergencia- que atraviesa la provincia desde hace años, con superpoblación de personas privadas de la libertad y precarias condiciones de alojamiento. En ese sentido, el titular de la Corte dijo que hay un diálogo interinstitucional constante con los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Estamos a la espera de que readecúen algunos lugares que tiene el Ejecutivo (ex escuelas en Delfín Gallo y Río Seco) y se avance con la construcción de una cárcel (en Benjamín Paz, Trancas). Según nos informan, sería de un corto periodo de construcción. También se harán dos alcaidías (Las Talitas y Banda del Río Salí), pero nosotros como Poder Judicial tenemos que seguir adelante, atendiendo la problemática criminal”, dijo Leiva ante la consulta de LA GACETA.

El titular de la Corte señaló que las proyecciones de capacidad que se realizaron en su momento y los números actuales de condenas arrojarían que el servicio estaría cubierto. No obstante, aclaró: “hay una sociedad que tiene su dinámica y hay muchos factores que no podemos ni contemplarlos como para saber qué va a pasar a futuro con respecto al movimiento delictual”.

La Dirección de Arquitectura y Urbanismo realizará un nuevo cotejo de precios por la cárcel de Benjamín Paz (obra proyectada por $4.112 millones) dado que el primer proceso se descartó por ser excesivo (un 60% más).

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