Transparencia: las fiscalías federales abren sus pesquisas a la ciudadanía

La aplicación de la Ley Nacional 27.275, del Derecho de Acceso a la Información Pública, ha abierto el trabajo de las fiscalías federales a la ciudadanía con los límites impuestos por aquella norma. Más allá de las restricciones, el impacto es tangible: la política de datos abiertos llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de la Nación permite conocer el estado de las pesquisas penales desarrolladas en las unidades ubicadas en todo el país, y acceder a las resoluciones, dictámenes, escalas salariales, declaraciones juradas de los funcionarios obligados a presentarlas y cifras relativas a la ejecución del presupuesto, entre otros asuntos correspondientes a la administración de la institución. Una consulta practicada con el fin de probar los alcances y la calidad del mecanismo posibilitó actualizar la información sobre la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador Juan Manzur que dirige el fiscal federal N°2 de Tucumán, Pablo Camuña. LA GACETA recibió una respuesta razonable para su inquietud en el plazo de 15 días hábiles.

El procedimiento para requerir la información pública a la institución que dirige el procurador interino Eduardo Casal supone el envío de un formulario disponible en la web oficial (mpf.gob.ar/transparencia-activa) -ver “Instrucciones”-. Este documento debe ser rellenado con los datos personales del peticionario y una descripción del objeto de la solicitud. El formulario también contiene casilleros para la información estadística cuyo suministro no es obligatorio; para la fecha y para la firma. La solicitud puede ser entregada en las mesas de entrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación o por correo electrónico.

El trámite es gratuito y cualquier ciudadano está legitimado para iniciarlo. En el caso concreto de la petición de datos referidos a la causa de Manzur, LA GACETA remitió el formulario por e-mail el 25 de septiembre pasado. Dos días después, la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal de la Nación se comunicó por la misma vía para informar que había recibido el pedido; que este había sido registrado con el número 88 y que estaba procesándolo. El 17 de octubre, la Procuración General de la Nación, órgano que encabeza la institución, comunicó que disponía de un informe elaborado por Camuña y que iba a remitirlo de inmediato previa recepción de una copia del DNI de quien lo había solicitado. Tras el envío de las imágenes, el archivo fue liberado con el aviso de que, en el caso de que hubiese disconformidad con la respuesta brindada, se podía interponer un pedido de revisión o una acción de amparo dentro del plazo de 40 días hábiles a partir de la recepción de la información.

Al contestar la solicitud en cuestión, el fiscal federal N°2 de Tucumán manifestó que casi “la totalidad” de los datos reunidos no podían ser divulgados, e invocó tres excepciones a la regla de la publicidad previstas en la Ley 27.275: la existencia de información personal cuya difusión está prohibida por otras normas y una pesquisa en marcha que podría verse frustrada si trascendían sus pormenores. Sin perjuicio de ello, Camuña informó las razones de la demora del legajo que instruye desde febrero de 2016: dijo que el volumen de los datos acopiados; la escasez de medios para investigar y los planteos abundantes de la defensa del gobernador le habían impedido tomar una decisión respecto de las denuncias (se informa por separado).

La Ley 27.275 fue sancionada en septiembre de 2016 y obliga a facilitar los datos a los organismos públicos nacionales. Su objeto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión pública. Pese a los compromisos asumidos por el Gobierno de Manzur en 2016 y a los numerosos proyectos presentados, Tucumán carece de una norma semejante, y en los hechos cada institución pública interpreta a su manera el reclamo y la obligación republicana de la transparencia.

Instrucciones: cómo usar el mecanismo de datos abieros disponible en mpf.gob.ar/transparencia-activa

Cualquier persona tiene derecho a realizar un pedido de información pública al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se trata de un trámite muy simple y gratuito.

1) Hay que descargar e imprimir el formulario para la solicitud de información pública incluido en la página web, aunque el pedido puede ser planteado también en un escrito con formato libre que cumpla los requerimientos de la Ley Nacional 27.275.

2) El formulario debe ser completado con los datos de quien formula la solicitud y una descripción de la información solicitada con la mayor precisión posible.

3) A continuación hay que entregar el formulario o la petición en las mesas de entradas del organismo habilitadas para recibirlo o bien vía correo electrónico a [email protected]

Respuesta

La solicitud tiene que recibir una contestación en 15 días hábiles. En casos excepcionales y por una decisión que será notificada al peticionario, este término puede ser prorrogado por otros 15 días hábiles más.