El resultado de la consulta

La escasez de medios para investigar; el volumen de datos acopiados y los planteos abundantes de la defensa del gobernador Juan Manzur (foto) impidieron tomar una decisión respecto de las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito del período 2011-febrero de 2015 articuladas en su contra, según el informe producido por el fiscal federal N°2 de Tucumán, Pablo Camuña, como consecuencia de un pedido de acceso a la información pública de LA GACETA. Camuña envió su respuesta el 9 de octubre, luego de que la secretaria Johana Cristallo le trasladara la consulta ingresada mediante el mecanismo de datos abiertos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (se informa por separado). 

Camuña explicó que el juez federal N°1, Daniel Bejas, había autorizado el levantamiento del secreto bancario, financiero y tributario respecto de Manzur, y que entendía que casi la totalidad de la información sensible obtenida tenía carácter reservado por aplicación de la Ley 27.275. “Estos límites legales se combinan, además, con la necesidad de no conspirar contra el propio trabajo investigativo, efecto que tendría, en definitiva, el método de publicar en la prensa cada medida adoptada en una investigación penal preparatoria”, dijo el fiscal. Sin entrar en detalles, precisó que había quedado a cargo de la pesquisa en febrero de 2016 luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el sobreseimiento de Manzur que había dictado Bejas en la causa por el presunto enriquecimiento ilícito del período 2009-2010. El proceso atinente a los años posteriores agrupa las distintas denuncias y ampliaciones presentadas por el abogado y peronista disidente Oscar López contra quien entonces era ministro de Salud de la Nación.

Camuña apuntó que había pedido informes a organismos públicos y privados para determinar si el patrimonio de Manzur presentaba un incremento apreciable e injustificado. El fiscal precisó que en febrero de 2018 fueron abiertas las declaraciones juradas reservadas. “La búsqueda de información abarca al (funcionario público) denunciado, a su grupo familiar y a varias empresas vinculadas patrimonialmente con ellos”, expresó.

El fiscal afirmó que había solicitado la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación para que elaborara un informe técnico en esta causa en julio de 2018, y que ese organismo requirió una serie de medidas recién concretadas en junio de 2019, sin lograr expedirse a octubre. Camuña anticipó que iba a pedir una prórroga, y atribuyó la demora a la necesidad de contestar las impugnaciones y pedidos de sobreseimiento de Manzur: acotó que incluso había presentado un pronto despacho (se informa por separado). “Asimismo, hemos tenido que lidiar con la falta de medios de la propia DAFI para dar respuesta al pedido realizado”, dijo.