Las armas israelíes deberían llegar hasta marzo

Las armas de fabricación israelí que adquirió el Gobierno provincial en diciembre de 2018 deben ser entregadas por la empresa hasta el 15 de marzo de 2020, según el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que aprobará mañana el Poder Legislativo. El plazo original, estimado cuando se concretó la operatoria, superior a 9 millones de dólares, contemplaba la entrega de los equipos para julio de este año. Sin embargo, según el argumento oficial, hubo factores externos que derivaron en la mora.

El DNU, rubricado por el gobernador, Juan Luis Manzur, habilita además al Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Claudio Maley, a “reconocer y cancelar los gastos, tasas e impuestos, IVA incluido” que surjan por la “nacionalización y traslado, desde la zona primaria aduanera” de las 4.000 pistolas Jericho 9 mm, 100 escopetas y otras armas largas.

La inversión en nuevo equipamiento para la fuerza provincial había sido anunciada el año pasado por Manzur. La contratación directa a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, con sede en Ciudad de Buenos Aires, había estado enmarcada en la Ley de Emergencia en Seguridad, que será extendida hasta 2021 en la sesión de mañana, también por pedido del Poder Ejecutivo.

En septiembre, llegaron a Tucumán 2.000 chalecos antibalas. Pero resta la remisión de las pistolas, las escopetas, los lanzagranadas y debás equipos. El DNU dictado por Manzur, que no puede ser modificado por la Legislatura (sólo ratificado o rechazado), señala que desde el Ministerio se solicitó informes sobre los elementos. “La empresa informó que, por demoras incurridas por la Anmac, autoridad responsable del control y autorización de compras e importaciones de los materiales controlados, se produjeron retrasos en los trámites aduaneros, de nacionalización y de entrega del material y equipamiento”, señala el decreto. Y advierte que, debido a la modalidad de entrega contratada, la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL asumirá “los costos de aranceles de importación, derechos, estadísticas, ganancias, ingresos brutos y nacionalización” de los equipos. En tanto que la Provincia se hará cargo de “los gastos, tasas e impuestos, IVA incluido, que surjan de la nacionalización y traslado del armamento y equipamiento”.

“Las demoras y retrasos en la planificación original de entrega pautada, (originada) por factores administrativos exógenos, ameritan una prórroga de ese plazo y del vencimiento de los cheques de pago diferido”, agrega el DNU.

El instrumento fue ratificado por el oficialismo en la comisión de Seguridad, que preside el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. Si bien surgieron críticas desde un sector de la oposición por la operatoria, el bloque Justicialista de Todos tiene los votos necesarios para confirmar el instrumento en el recinto.

Tres juras y una licencia

Bourlé, Assán y Fernández asumen mañana

Mañana, en la sesión debut en el recinto legislativo, la nueva composición oficializará tres asunciones, todas de integrantes del bloque Justicialista de Todos. El sindicalista bancario Eduardo Bourlé prestará juramento en lugar de Carolina Vargas Aignasse (tomó licencia para ejercer como ministra de Gobierno y Justicia). El dirigente capitalino Carlos Sebastián Assán ocupará el escaño liberado por su padre, Carlos Isa Assán (la Cámara le dio permiso para regresar a la Secretaría de Saneamiento). Por último, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, jurará en el lugar que dejó su par de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. Está previsto que en este caso se produzca un nuevo corrimiento, ya que Fernández tomaría licencia para regresar al PE (o pasar a la Nación, según versiones); en su lugar llegará a la Cámara la funcionaria provincial Sandra Tirado.