07 Noviembre 2019
La Secretaría de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria hasta el 19 de noviembre luego de reunirse con los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y los de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por el despido de 150 choferes.
El encuentro, que comenzó pasado el mediodía y estuvo presidido por el director de Trabajo de la Provincia, Ricardo Véliz, se extendió durante más de una hora y se estableció que no haya paro ni despidos hasta dentro de 12 días.
Las partes estuvieron reunidas esta tarde en la sede de Trabajo. PRENSA UTA
El 4 de octubre, las empresas de transporte enviaron telegramas de despido a sus empleados. La justificación fue que por la reducción de servicios a causa de la crisis económica podían prescindir de unos 150 empleados. El sindicato denunció los despidos en la Secretaría de Trabajo.
Otras claves del conflicto de transporte
1. La crisis de los subsidios
Entre las medidas de ajuste del Gobierno nacional, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció el traslado de los subsidios nacionales del transporte a las provincias en concepto de compensación de tarifa y de combustible.
Los gobernadores firmaron antes de aprobar el Presupuesto Nacional 2019 el Consenso Fiscal, por el que se hacían cargo de provincializar el subsidio al sector. Durante la transición, la Nación sostiene algunas remesas. La Provincia distribuye por mes $ 130 millones entre las firmas.
La Nación envía a las firmas $ 53 millones. El subsidio al combustible cesó: hasta diciembre de 2018 cada firma pagaba el litro de gasoil a $ 10,30. En agosto, con precio liberado, el litro se pagó a $ 54,30.
2. Aumentos de tarifa
En los últimos dos años, el Concejo Deliberante y la Provincia concedieron dos aumentos al año a la tarifa, por el aumento de la inflación. En enero de 2018, el boleto en la capital estaba a $ 9,35. Ese año aumentó dos veces: subió a $ 12,50 en febrero y luego a $ 15,50 en septiembre.
Este año también hubo dos aumentos: en marzo subió a $ 19,30 y en julio, a $ 24. A pesar de los incrementos, los empresarios insisten en que la tarifa está atrasada: sostienen que el valor técnico de la tarifa ronda los $ 58, y que los subsidios nacionales y provinciales deberían compensar esa brecha entre la tarifa fijada y el valor técnico.
Sostienen que, con la devaluación y la inflación, el esquema actual no es viable.
3. Algunas firmas no pagan seguro
Los empresarios del transporte sostienen que continúan brindando el servicio porque se endeudan: “tenemos un rojo $ 185 millones por mes. Si seguimos funcionando es en base a no pagar impuestos, tasas, diferir proveedores, pero llegamos a un límite. De acá hacia adelante es imposible seguir prestando el servicio sin una solución integral de los poderes concedentes.
Algunas firmas dejaron de pagar seguro, pero siguen con cobertura por 60 o 90 días de gracia. Hay empresas endeudadas hasta la coronilla”, expresó ayer Berretta. Y agregó: “necesitamos más subsidios, carriles o arterias exclusivas, quitas o exenciones impositivas y que el Estado defina qué servicio de transporte quiere”.
4. Para el PE, es entre privados
Para el Poder Ejecutivo provincial, el conflicto por los despidos concierne a las empresas y al sindicato del sector. Benjamín Nieva, secretario de Transporte, dijo que se trata de un conflicto entre privados.
Respecto a los subsidios, Nieva adelantó que se analizará la prórroga de la ley provincial de Emergencia del Transporte, por el que se asiste con fondos provinciales a las firmas. Sobre la Nación, consideró que la próxima gestión debería asistir a las empresas de todo el país como hace el gobierno macrista con la ciudad de Buenos Aires.
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