03 Octubre 2018
PRESOS SIN DEFENSA. Las personas detenidas por contravenciones no tienen asistencia letrada durante el proceso. la gaceta / archivo
Un debate caliente y varias veces pospuesto podría cobijar la Legislatura tucumana. Ocurre que el Gobierno envió a la Cämara un texto para terminar con la cuestionada Ley de Contravenciones, y reemplazarla por un Código de Convivencia Ciudadana. La novedad más saliente es que se le quita al jefe de Policía la facultad de "juzgar" las contravenciones.
La normativa vigente, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contempla un sistema de tratamiento de las infracciones al Código de Contravenciones que pone en manos del jefe de Policía la decisión sobre el arresto, investigación y resolución de estos casos, sin la intervención obligatoria e inmediata de un juez de faltas o contravencional (esos cargos no están operativos, por lo que deben ser cubiertos por los jueces de Instrucción penal).
La falta de un tribunal imparcial y de una instancia de defensa para el imputado, entre otras razones, llevaron a la Corte Suprema de la Nación en 2010 a declarar inconstitucional los procesos establecidos por la ley 5.140, que rige desde 1980. Según la ley, si un presunto infractor es considerado responsable por el jefe de policía, debe afrontar una pena de días de cárcel o su equivalente en multa ($ 80 por jornada en la actualidad).
El anteproyecto está dividido en tres partes y modifica sustancialmente la ley de contravenciones policiales. “La primera modificación es que se convierte en un Código de Convivencia Ciudadana, la segunda es que le quitamos el juzgamiento de las contravenciones al jefe de Policía, poniéndolo dentro de la esfera de acusaciones- y pasaría a un tercero imparcial neutral que sería el juez contravencional que pertenece al ámbito del Poder Judicial. Esta diferencia con la ley anterior es fundamental”, explicó el asesor letrado de la Policía de Tucumán, Mario Herrera.
Dijo que se realizaron reuniones con organizaciones civiles, la Legislatura y la Justicia. "Luego fue elaborado el proyecto, tomando de todas las propuestas de los legisladores que habían llegado al Ministerio y en base a eso hicimos una sola propuesta y fue elevada a la Comisión de Seguridad de la Legislatura”, explicó, a su vez, el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez.
“El anteproyecto es una herramienta realmente útil, porque hay figuras que si bien no constituyen delitos, hacen a la convivencia urbana”, añadió el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.
Herrera dijo que al contraventor se le dotara de mayores garantías y “todo el sistema va a estar protegido por los tratados internacionales”. “Se busca algo más ágil con respecto a los tipos contravencionales, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de la contravención es penal, razón por la cual los tipos tienen que ser más descriptivos y cerrados”, precisó
"Se le da participación también a otros organismos para que tomen intervención. Así tenemos el sistema de mediación penal y mediación contravencional que es algo fundamental para que el propio vecino pueda mediar con un tercero neutral y lo pusimos en cabeza del defensor del Pueblo de la provincia”, concluyó.
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