12 Junio 2016
AL CALABOZO. Un oficial arresta a un joven, durante las elecciones de 2015. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
A casi seis años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declarara la inconstitucionalidad del proceso contravencional aplicado por la Policía -en el que se sanciona a infractores con multa o cárcel sin el derecho a defensa ni a un juez imparcial-, en la Legislatura retomaron la discusión para reformar este sistema.
La actual composición de la Cámara ya presentó tres proyectos para cambiar la ley N° 5.140, creada durante la última dictadura militar. La norma contiene el Código de Contravenciones Policiales, una herramienta legal que permite a las fuerzas de seguridad la detención de ciudadanos por diferentes faltas sociales que no están previstas en el Código Penal Argentino.
El viernes, los radicales José María Canelada, Adela Estofan de Terraf y Eudoro Aráoz formalizaron una propuesta tendiente a crear un Código de Convivencia Social. “Queremos que Tucumán supere la vergonzosa deuda de seguir teniendo vigentes normas declaradas inconstitucionales, violatorias de los derechos humanos”, señaló Canelada, jefe del bloque de la UCR. Anticipó que a partir de las 9 del martes, junto a sus pares, encabezará un foro de debate en el 8° piso de la Cámara (calle Muñecas 951). “La Policía sigue manteniendo regímenes sancionados en la dictadura militar. La provincia le debe a la democracia una norma que regule la convivencia social”, insistió el dirigente opositor.
El radical Ariel García, vicepresidente 2° de la Cámara, no rubricó esa iniciativa porque ya había formulado una similar (había presentado una durante su anterior gestión, en 2011-2015). “La ley 5.140, aún vigente, trasluce el pensamiento anti-democrático y reaccionario que caracterizó a esta dolorosa etapa de nuestra historia. En la actualidad es una herramienta de control social y cultural que se encuentra en contrario sentido con los derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico”, advirtió el vicepresidente de la UCR local.
El oficialista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, también presentó un proyecto de ley en diciembre sobre el asunto. El apoderado del Frente para la Victoria en Tucumán solicitaba la suspensión por 180 días de los arrestos efectuados por la Policía bajo el amparo de la ley N° 5.140. En paralelo, proponía la declaración de emergencia en las unidades carcelarias y centros de detención de Tucumán. “En general, los códigos contravencionales y de faltas no sólo se usan para justificar detenciones arbitrarias y procesos de dudosa legalidad, sino que además habilitan prácticas sistemáticas de carácter delictivo, persecutorio y extorsivo por parte de policías, fiscales, jueces y autoridades; y judicializan problemas sociales y de salud que deberían ser objeto de políticas públicas, no de acciones penales”, describió Caponio en los fundamentos de la iniciativa.
La anterior conformación de la Legislatura había elevado al menos ocho proyectos de ley para eliminar el actual sistema de contravenciones policiales. Incluso, se llevó adelante un foro de debate, del que participaron ONG, abogados penalistas y magistrados. Sin embargo, no hubo cambios con respecto al mecanismo de arrestos.
Lejos de ser derogado, el sistema previsto por el Código de Contravenciones Policiales recibió “actualizaciones” en el último tiempo.
El 27 de abril pasado, en el Boletín Oficial fue publicado el decreto N° 806/14 (SSC), que fijó en la suma de $ 80 (el texto oficial consigna erróneamente $ 80.000) el valor máximo del día-multa por infracciones a la ley N° 5.140.
La actual composición de la Cámara ya presentó tres proyectos para cambiar la ley N° 5.140, creada durante la última dictadura militar. La norma contiene el Código de Contravenciones Policiales, una herramienta legal que permite a las fuerzas de seguridad la detención de ciudadanos por diferentes faltas sociales que no están previstas en el Código Penal Argentino.
El viernes, los radicales José María Canelada, Adela Estofan de Terraf y Eudoro Aráoz formalizaron una propuesta tendiente a crear un Código de Convivencia Social. “Queremos que Tucumán supere la vergonzosa deuda de seguir teniendo vigentes normas declaradas inconstitucionales, violatorias de los derechos humanos”, señaló Canelada, jefe del bloque de la UCR. Anticipó que a partir de las 9 del martes, junto a sus pares, encabezará un foro de debate en el 8° piso de la Cámara (calle Muñecas 951). “La Policía sigue manteniendo regímenes sancionados en la dictadura militar. La provincia le debe a la democracia una norma que regule la convivencia social”, insistió el dirigente opositor.
El radical Ariel García, vicepresidente 2° de la Cámara, no rubricó esa iniciativa porque ya había formulado una similar (había presentado una durante su anterior gestión, en 2011-2015). “La ley 5.140, aún vigente, trasluce el pensamiento anti-democrático y reaccionario que caracterizó a esta dolorosa etapa de nuestra historia. En la actualidad es una herramienta de control social y cultural que se encuentra en contrario sentido con los derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico”, advirtió el vicepresidente de la UCR local.
El oficialista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, también presentó un proyecto de ley en diciembre sobre el asunto. El apoderado del Frente para la Victoria en Tucumán solicitaba la suspensión por 180 días de los arrestos efectuados por la Policía bajo el amparo de la ley N° 5.140. En paralelo, proponía la declaración de emergencia en las unidades carcelarias y centros de detención de Tucumán. “En general, los códigos contravencionales y de faltas no sólo se usan para justificar detenciones arbitrarias y procesos de dudosa legalidad, sino que además habilitan prácticas sistemáticas de carácter delictivo, persecutorio y extorsivo por parte de policías, fiscales, jueces y autoridades; y judicializan problemas sociales y de salud que deberían ser objeto de políticas públicas, no de acciones penales”, describió Caponio en los fundamentos de la iniciativa.
La anterior conformación de la Legislatura había elevado al menos ocho proyectos de ley para eliminar el actual sistema de contravenciones policiales. Incluso, se llevó adelante un foro de debate, del que participaron ONG, abogados penalistas y magistrados. Sin embargo, no hubo cambios con respecto al mecanismo de arrestos.
Lejos de ser derogado, el sistema previsto por el Código de Contravenciones Policiales recibió “actualizaciones” en el último tiempo.
El 27 de abril pasado, en el Boletín Oficial fue publicado el decreto N° 806/14 (SSC), que fijó en la suma de $ 80 (el texto oficial consigna erróneamente $ 80.000) el valor máximo del día-multa por infracciones a la ley N° 5.140.
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