Un juez federal se desliga de la causa sobre el caso "Más Cerca"

Si el fallo es confirmado, el proceso ingresará a un juzgado acéfalo. Quedan pendientes los pedidos de declaración indagatoria. El juez federal N°1 envió la pesquisa a la Justicia local, como pedía una funcionaria.

12 Dic 2017
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EL JUEZ FEDERAL N°1 EN SU DESPACHO. Foto reciente de Daniel Bejas en los Tribunales Federales de Tucumán. la gaceta / foto de Matias Quintana

El juez federal N°1, Daniel Bejas, se desprendió de la causa “Más Cerca”, un expediente que llevaba cuatro años de desarrollo en su jurisdicción. La resolución del 30 de noviembre sostiene que el proceso penal debe continuar su tramitación en la Justicia provincial, precisamente en un despacho acéfalo: el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad. Carlos Brito, fiscal federal N°1, se opuso a la decisión y la cuestionó. Su recurso coloca el asunto en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (se informa por separado). Del resultado de esta discusión jurídica depende el destino de una investigación con seis pedidos de indagatoria, entre ellos la de la funcionaria Nora Elvira Belloni, quien había bregado para que Bejas remitiera la pesquisa al fuero penal provincial.

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El debate acerca de la competencia se enmarañó en 2016, cuando la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) pidió en los Tribunales Federales de Comodoro Py la investigación del ex gobernador José Alperovich, y de los ex funcionarios kirchneristas José López y Julio De Vido por el manejo de fondos del Plan “Más Cerca”. En esas circunstancias, Belloni se presentó en la Justicia provincial y logró que el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) opinara que el caso pertenecía a su ámbito. A posteriori, el juez federal porteño Luis Rodríguez hizo lugar a esa posición, pero la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió que el caso debía ser investigado en Tucumán, aunque en la Justicia Federal y junto a las denuncias que Elías de Pérez había formulado desde 2013. En el ínterin, el juez provincial subrogante N°5, Víctor Manuel Rougés, desestimó el criterio de Navarro Dávila, mas Eudoro Albo y Enrique Pedicone, camaristas locales de Apelaciones, resolvieron que aquel tenía razón y que el juez Bejas debía inhibirse.

Pase al control local

El intríngulis desarrollado en el párrafo anterior se resume en la idea de que dos tribunales distintos (la Cámara Nacional de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones provincial) dictaron fallos contradictorios sobre la competencia relativa al caso “Más Cerca”. En esa disyuntiva, Bejas se inclinó por la posición de su par Rodríguez, y de los camaristas provinciales Albo y Pedicone, que es la misma de Navarro Dávila y de Belloni, y dejó de lado el punto de vista de Brito; del juez sustituto Rougés y de los camaristas federales porteños Guillermo Farah y Jorge Ballestero (Martín Irurzun disintió con sus colegas de estrado). Para pronunciarse de este modo, Bejas recordó que la Justicia Federal es un fuero de excepción. Al respecto, añadió que, según su criterio, los fondos nacionales del “Más Cerca” se habían incorporado al patrimonio provincial y, por lo tanto, su uso y aplicación debían ser controlados por las autoridades locales, sin perjuicio de que los organismos nacionales pudiesen requerir la rendición de cuentas. Bejas sostuvo que las irregularidades denunciadas por Elías de Pérez en la ejecución de las obras públicas financiadas por el programa habrían perjudicado a las rentas provinciales.

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Si la Cámara Federal de Tucumán que integran Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar revoca el fallo de Bejas, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien resuelva el conflicto de competencia. Si confirma la sentencia y no abre la casación, la pesquisa sobre el destino dado a buena parte de los $ 245 millones del “Más Cerca” pasará al Juzgado provincial N°5, que ha de resolver si indaga a los funcionarios Belloni, Ramón Vicente Nicastro, Sergio Gustavo Sánchez, Adrián Cúneo Vergés, José Rolando Erazu, Lucio Tamburo y Ana Cecilia Araujo. Posiblemente esa tarea ni siquiera recaiga sobre Rougés, quien ya presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación. En su momento, este magistrado subrogante había rechazado la competencia respecto del “Más Cerca” argumentando que los Tribunales ordinarios resultaban claramente “inidóneos” para investigar con la magnitud y relevancia institucional pretendidas.

El fiscal Brito cuestionó la resolución

El fiscal federal N°1, Carlos Brito, pretende retener la investigación sobre el uso de los fondos del Plan “Más Cerca” que desarrolla desde 2013, cuando ingresó la primera denuncia de la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos). Con ese fin, recurrió la resolución del juez federal N°1, Daniel Bejas, que sostiene que la tramitación del caso debe continuar en la esfera provincial (se informa por separado).

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Según Brito, los fondos nacionales del “Más Cerca” no se incorporaron al patrimonio local, como entendió Bejas. Por el contrario, el fiscal adujo que la normativa obligaba a abrir cuentas especialmente destinadas a las transferencias de la Nación a los municipios y comunas rurales. “Por lo que palmariamente se concluye que los fondos nunca ingresaron ni se confundieron con el erario provincial, sino que, con el fin de evitar anomalías, debía crearse una cuenta especial en la que sólo se depositarían esos capitales”, expresó.

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Brito observó asimismo que la reglamentación establecía que los fondos no usados debían ser devueltos a la Nación. “Ello fija de manera invencible la competencia federal puesto que el dinero no ingresó en las arcas provinciales”, afirmó. Y añadió que el accionar de los funcionarios de segunda línea imputados habría afectado directamente el normal funcionamiento y la misión de organismos nacionales.

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Los argumentos del fiscal y del juez Bejas serán analizados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. De su decisión no sólo dependen los pedidos de indagatoria que formuló Brito respecto de Nora Belloni, Ramón Vicente Nicastro, Sergio Gustavo Sánchez, Adrián Cúneo Vergés, José Rolando Erazu, Lucio Tamburo y Ana Cecilia Araujo sino también la solicitud de la Oficina Anticorrupción para acceder a la causa y, eventualmente, convertirse en querellante. Sucede que, si el caso queda radicado en la Justicia local, esa jurisdicción podría llegar a desechar las medidas investigativas practicadas y empezar de cero, con la evaluación de la denuncia inicial.

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