Comienzan los alegatos en el juicio contra el clan Ale

Los abogados de la UIF y de la AFIP serán los primeros en hablar.

22 Nov 2017
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A casi un año de haberse iniciado, el juicio contra el denominado Clan Ale llega a su etapa final. A partir de hoy, comenzarán a escucharse los alegatos de todas las partes. El tribunal estimó que el 13 de diciembre estaría en condiciones de dar a conocer la sentencia.

El juicio comenzó en diciembre pasado. En el banquillo de los acusados se ubican los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale y María Jesús Rivero, a quienes se les imputó ser líderes de una asociación ilícita que lavaba activos provenientes de diferentes ilícitos. Además, hay otras 13 personas (entre ellas la actual mujer y otra ex pareja de “La Chancha) sospechadas de haber integrado esta organización.

Todos los procesados llegan a esta etapa del debate en libertad. En octubre pasado, el tribunal decidió otorgarles la libertad (previamente había ordenado que cumplieran arresto domiciliario), decisión que generó el unánime rechazo de las partes acusadoras y la presentación de varios planteos para dejar esta resolución sin efecto.

Según el orden que estableció el Tribunal, integrado por Alicia María Noli, Domingo José Batule y Gabriel Eduardo Casas, los representantes legales de la Unidad de Información Financiera (UIF), que asumieron el rol de querellantes en la causa, serán los primeros en alegar. Las palabras estarán a cargo de Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola y, en esta oportunidad, contarán con el apoyo de Eduardo Sylvester, representante a nivel regional del organismo nacional.

Si es que hay tiempo -se estima que el primer alegato durará varias horas- le tocará luego el turno de argumentar su pedido de condena a las abogadas Lucía Trabadelo y Daniela Artaza, que representan a la AFIP, que también asumió el rol de querellante en la causa.

Para adelantar los tiempos, el tribunal dispuso una audiencia especial para el viernes, días en los que alegarán el fiscal Pablo Camuña y Agustín Chit.

Por este caso, las partes acusadores no sólo deben pedir una condena -si es que creen que existen los elementos probatorios suficientes-, sino que deben fijar el monto de una multa que va de 2 a 10 veces del dinero que supuestamente lavaron los sospechosos.

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