17 Octubre 2017
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Según el registro de expedientes del Poder Legislativo, la gestión de Juan Manzur rechazó -de forma parcial o total- 20 leyes sancionadas por los representantes del pueblo entre finales de 2015, 2016 y 2017, con Osvaldo Jaldo como vicegobernador y titular de la Cámara (hoy, en licencia). De todos esos proyectos objetados, 14 fueron rechazados en lo que va del año. Estos son los motivos que se dieron desde la Casa de Gobierno:
Expropiación
La Cámara había sancionado un proyecto que autorizaba al Instituto de la Vivienda “a transferir en venta a sus actuales ocupantes un inmueble ubicado en la localidad de García Fernández, Leales”. El objetivo era la edificación de un barrio para quienes habitaban el predio. Un área de Catastro relevó el predio y constató que era un baldío con caña. Hubo un veto total porque el inmueble estaba mal consignado.
Para ciclistas
El PE interpuso un veto total a la iniciativa que autorizaba al Instituto de la Vivienda a ceder en comodato por 20 años, prorrogables por otros 20, un inmueble de Lomas de Tafí a la “Asociación Ciclista Tucumana”. Se constató que parte de los terrenos correspondían, por ejemplo, a una fracción de espacio verde cedido a la Municipalidad taficeña para una Iglesia, una pista de skate y un destacamento policial.
Bomberos
El gobernador dispuso un veto parcial a la adhesión a la ley nacional de Bomberos Voluntarios. La gran mayoría de los artículos fueron promulgados, pero se rechazaron aspectos referidos a las posibles disoluciones de las asociaciones -lo dispuesto iba en contra de normas superiores- y al artículo que aludía a accidentes laborales y enfermedades, por citar una norma ya derogada.
Evacuación
La Legislatura había sancionado un proyecto para crear un “plan de evacuación y simulacro para casos de emergencia, catástrofe, incendio, explosión o advertencia de explosión y sismo”, entre otras emergencias. Como la norma señalaba inmuebles de jurisdicción federal (aeropuertos), municipal o privada (centros comerciales), el PE vetó la ley por carecer de competencia allí.
Fibromialgia
El Poder Ejecutivo dictó un veto parcial a la ley que busca garantizar el tratamiento médico para quienes padecen fibromialgia. Se objetó el artículo referido a la “cobertura total de gastos de estadía del paciente y su acompañante” cuando tenga que acudir a establecimientos médicos fuera de la provincia. Según se observó, la ley citada a tal fin sólo es aplicable para casos de personas con discapacidad.
Ley “Raees”
La ley “Raees” establecía “un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Tucumán”. Como se delegaban facultades y obligaciones a municipios y comunas, el PE consideró que la ley “excedería” aspectos de jurisdicción provincial y su implementación “se tornaría compleja”. Se dispuso el veto total.
Defensa Animal
El Ejecutivo vetó de forma total la iniciativa que creaba el Programa de Protección y Defensa del Animal, en línea con la ley nacional N° 14.346. Según los informes de la Secretaría General de la Gobernación, al referirse a las sanciones para los infractores, la ley hacía una “mención genérica” y “no determina a qué legislación o materia se refiere”. También que el maltrato animal es un delito normado por el Congreso.
Obstetricia
La Legislatura sancionó la ley que regula la profesión del licenciado en obstetricia. El gobernador interpuso el veto parcial sobre un artículo, que asignaba a Ministerio de Salud Pública cuestiones como el control de los títulos. Esto, se observó, constituye “una potestad correspondiente a la División Registros y Matrículas de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Sistema Provincial de Salud”.
Magistratura
El gobernador también dictó un veto parcial sobre la ley que habilitó la expropiación de tres inmuebles en la capital a favor del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Al redactar la norma, los legisladores habían colocado al CAM como sujeto expropiante, pero esto fue rechazado ya que la norma de creación del organismo de preselección de magistrados no prevé esta facultad. Se dictó una ley complementaria.
Observatorio
Manzur, también sobre la base de observaciones de sus funcionarios, aplicó un veto parcial sobre la ley que creó el Observatorio Provincial de Droga en la Secretaría de Adicciones del Ejecutivo. El artículo eliminado disponía “el carácter público de todos los informes elaborados por el observatorio y la posibilidad de ser requerido por cualquier particular”. Esto podía afectar derechos privados.
Clubes
La Legislatura había eximido de gravámenes a los clubes que desarrollen más de cinco disciplinas y cuenten con certificado de normal funcionamiento, para realizar eventos culturales, sociales y espectáculos. El veto surgió por objeciones de Rentas y de la Cámara de Discotecas (posible competencia desleal). Luego, la Legislatura aprobó una nueva ley en ese sentido, que fue promulgada.
Ley “Pyme”
El gobernador interpuso el veto total de la adhesión a la Ley Nacional “Pyme”, que contemplaba beneficios tributarios a favor de los pequeños y medianos empresarios tucumanos. El titular del PE se sustentó en los argumentos de Rentas: “(la Dirección) se ve imposibilitada en esta oportunidad de determinar el costo fiscal potencial que traería aparejada la promulgación del proyecto de ley”.
Acompañantes
La Legislatura había dado sanción a la iniciativa que incluía dentro del Siprosa la actividad de los acompañantes terapéuticos. Pero el PE aplicó el veto total, sobre la base de observaciones del área de Salud: “la definición ‘acompañante terapéutico’ como profesional auxiliar de la salud recae en una contradicción: el término profesional se reserva para aquella persona que obtuvo su título de grado”.
Pecuarios
El gobernador aplicó el veto parcial sobre una ley que eximía de Impuestos sobre Ingresos Brutos y Salud Pública a la actividad pecuaria. Objetó el artículo referido a los beneficiarios, ya que se limitaba a establecer como requisito acciones que no propiciaban una “verdadera motivación en términos de inversiones”. Ante ello, la Legislatura dictó una norma complementaria para subsanar la situación.
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