19 Abril 2016
ANÁLISIS. Vargas Aignasse ingresa a una clínica de Barrio Norte, ayer, para someterse a un estudio de drogas. la gaceta / foto de franco vera
La situación del suspendido legislador oficialista Emiliano Vargas Aignasse parece complicarse puertas adentro del espejado edificio de Muñecas 951. Si bien referentes de la Cámara acordaron no formular declaraciones, trascendió que el anuncio del dirigente peronista de judicializar una eventual remoción del cargo no cayó nada bien entre sus pares.
En principio, su continuidad en el cuerpo colegiado estaría sujeta a lo que resuelva el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, en la causa que investiga a Vargas Aignasse por tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad y cohecho. Aunque el parlamentario ventiló supuestas irregularidades en su arresto, producido el 26 de enero, sus pares están dando indicios de que cada vez tiene menos apoyo.
En la sesión del 18 de febrero, incluso sus “compañeros” del bloque Tucumán Crece avalaron una suspensión de 120 días en el cargo sin goce de sueldo. Los macristas Alberto Colombres Garmendia -quien había planteado la cuestión de privilegios que derivó en el castigo- y Luis Brodersen pedían una sanción más importante en contra del peronista.
En una entrevista con LA GACETA publicada el domingo, Vargas Aignasse aseguró que sus pares no defendieron sus fueros legislativos. El viernes, por nota, le pidió a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el oficialista Marcelo Caponio, que se expida sobre lo que considera una omisión.
Ayer, tras una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria en la que los referentes políticos analizaron la cuestión, este diario le consultó su opinión a Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Legislatura y cabeza del acople “Tucumán en Positivo”, en el que Vargas Aignasse aparecía como candidato en segundo término. “La nota que presentó (el viernes) será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales. Yo ya hablé anteriormente sobre el tema y prefiero no remitirme a esa cuestión”, afirmó Gassenbauer.
Colombres Garmendia por su parte negó que se haya utilizado el caso del parlamentario imputado para “hacer política”, como el peronista denunció en la entrevista con este diario. “La situación de Vargas Aignasse depende de la resolución judicial”, advirtió el referente local del PRO. Y no descartó que, en caso de avanzar el proceso en contra del kirchnerista, el castigo de 120 días sea revisado. “Hay que evaluar lo que surja del expediente judicial. Pero nadie está haciendo política con lo que le pasó. Que quede claro: nosotros no le pusimos la marihuana ni colocamos el control policial en Santiago del Estero. Él es un funcionario público, una persona cuyos actos tienen una connotación importante. La Legislatura no podía ni puede permanecer en silencio ante algo así”, remarcó el macrista Colombres Garmendia.
El viernes, la comisión de Legislación General se reunió en el cuarto piso del edificio parlamentario. Uno de los temas centrales en la agenda fue la sustitución provisoria de Vargas Aignasse como presidente de ese grupo de trabajo; en su lugar fue designado el también peronista Ramón Roque Cativa (cercano al legislador manzurista Juan Antonio Ruiz Olivares). Según fuentes del oficialismo, no se trató de un “castigo” en contra del hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, sino de una medida temporal.
Vuelta en “U”
Vargas Aignasse fue detenido el 26 de febrero, cerca de la 1, por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santiago del Estero, a pocos kilómetros de Los Puestos. Según el legislador, el informe policial fue fraguado por los oficiales actuantes; él asegura que los agentes lo “secuestraron” y que inventaron una supuesta persecución para poder avanzar fuera de su jurisdicción. Previo a su arresto, Vargas Aignasse había dado la vuelta en “U” antes de un control policial ubicado en Yutu Yacu, cerca de Las Termas de Río Hondo. Los policías hallaron 47 gramos de marihuana en el asiento trasero de su camioneta Toyota Hilux. Según declararon ante el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, Vargas Aignasse les ofreció “una ayuda económica” a cambio de que lo ayudaran a él. El juez federal Molinari recibió los planteos de nulidad de la defensa del suspendido legislador, que también aguarda por una entrevista con el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
En principio, su continuidad en el cuerpo colegiado estaría sujeta a lo que resuelva el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, en la causa que investiga a Vargas Aignasse por tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad y cohecho. Aunque el parlamentario ventiló supuestas irregularidades en su arresto, producido el 26 de enero, sus pares están dando indicios de que cada vez tiene menos apoyo.
En la sesión del 18 de febrero, incluso sus “compañeros” del bloque Tucumán Crece avalaron una suspensión de 120 días en el cargo sin goce de sueldo. Los macristas Alberto Colombres Garmendia -quien había planteado la cuestión de privilegios que derivó en el castigo- y Luis Brodersen pedían una sanción más importante en contra del peronista.
En una entrevista con LA GACETA publicada el domingo, Vargas Aignasse aseguró que sus pares no defendieron sus fueros legislativos. El viernes, por nota, le pidió a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el oficialista Marcelo Caponio, que se expida sobre lo que considera una omisión.
Ayer, tras una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria en la que los referentes políticos analizaron la cuestión, este diario le consultó su opinión a Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Legislatura y cabeza del acople “Tucumán en Positivo”, en el que Vargas Aignasse aparecía como candidato en segundo término. “La nota que presentó (el viernes) será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales. Yo ya hablé anteriormente sobre el tema y prefiero no remitirme a esa cuestión”, afirmó Gassenbauer.
Colombres Garmendia por su parte negó que se haya utilizado el caso del parlamentario imputado para “hacer política”, como el peronista denunció en la entrevista con este diario. “La situación de Vargas Aignasse depende de la resolución judicial”, advirtió el referente local del PRO. Y no descartó que, en caso de avanzar el proceso en contra del kirchnerista, el castigo de 120 días sea revisado. “Hay que evaluar lo que surja del expediente judicial. Pero nadie está haciendo política con lo que le pasó. Que quede claro: nosotros no le pusimos la marihuana ni colocamos el control policial en Santiago del Estero. Él es un funcionario público, una persona cuyos actos tienen una connotación importante. La Legislatura no podía ni puede permanecer en silencio ante algo así”, remarcó el macrista Colombres Garmendia.
El viernes, la comisión de Legislación General se reunió en el cuarto piso del edificio parlamentario. Uno de los temas centrales en la agenda fue la sustitución provisoria de Vargas Aignasse como presidente de ese grupo de trabajo; en su lugar fue designado el también peronista Ramón Roque Cativa (cercano al legislador manzurista Juan Antonio Ruiz Olivares). Según fuentes del oficialismo, no se trató de un “castigo” en contra del hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, sino de una medida temporal.
Vuelta en “U”
Vargas Aignasse fue detenido el 26 de febrero, cerca de la 1, por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santiago del Estero, a pocos kilómetros de Los Puestos. Según el legislador, el informe policial fue fraguado por los oficiales actuantes; él asegura que los agentes lo “secuestraron” y que inventaron una supuesta persecución para poder avanzar fuera de su jurisdicción. Previo a su arresto, Vargas Aignasse había dado la vuelta en “U” antes de un control policial ubicado en Yutu Yacu, cerca de Las Termas de Río Hondo. Los policías hallaron 47 gramos de marihuana en el asiento trasero de su camioneta Toyota Hilux. Según declararon ante el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, Vargas Aignasse les ofreció “una ayuda económica” a cambio de que lo ayudaran a él. El juez federal Molinari recibió los planteos de nulidad de la defensa del suspendido legislador, que también aguarda por una entrevista con el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
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