03 Noviembre 2015
EN LA CITY. Un hombre guarda una valija en la Toyota Hilux de la Cámara. la gaceta / foto de inés quinteros orio
Desde hace tiempo que recorre edificios oficiales buscando explicaciones sobre las cuentas de la Legislatura. Así, el ciudadano Carlos Duguech acudió al nuevo presidente del cuerpo colegiado, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, para que aclare sus dudas.
En una nota presentada el 28 de octubre, el hombre le requirió al referente de Trancas que explique dos puntos clave: 1) “el monto que en el presupuesto de la Legislatura se ha asignado para gastos sociales”; y 2) “la aplicación detallada de esos fondos con precisión sobre lo asignado para su utilización y rendición, conforme a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera, a cada uno de los 49 legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
Duguech ya había formulado una demanda penal por la partida para ayudas sociales a personas. El 25 de marzo de este año, se había presentado en la seccional 1° de la Policía para iniciar el proceso. Allí dejó constancia de una respuesta que le había dado el Tribunal de Cuentas cuando consultó sobre la aplicación de esa partida de uso discrecional en 2014. “La contestación fue que ‘no es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto. Esta, tal como dijimos, es devuelta a origen una vez intervenida por este Tribunal de Cuentas”, afirmó Duguech, citando el escrito elevado por el ente de control.
El 14 de octubre pasado, el ciudadano elevó otra nota al Tribunal de Cuentas solicitando más información. La respuesta tuvo idéntico sentido que la anterior. “La aplicación detallada de los fondos aplicados para gastos sociales se encuentra en la Legislatura, puesto que en cada caso la Delegación Fiscal destacada en este TC, en el Poder Legislativo, interviene sin que surgiera observación al respecto, quedando la documentación intervenida radicada en sede legislativa”, repitió Duguech en el texto que envió al vicegobernador Jaldo.
El ciudadano, que espera la contestación oficial, sostuvo que todos los gastos por ayudas sociales deben estar rendidos con documentación, debido a la Ley de Administración Financiera.
En una nota presentada el 28 de octubre, el hombre le requirió al referente de Trancas que explique dos puntos clave: 1) “el monto que en el presupuesto de la Legislatura se ha asignado para gastos sociales”; y 2) “la aplicación detallada de esos fondos con precisión sobre lo asignado para su utilización y rendición, conforme a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera, a cada uno de los 49 legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
Duguech ya había formulado una demanda penal por la partida para ayudas sociales a personas. El 25 de marzo de este año, se había presentado en la seccional 1° de la Policía para iniciar el proceso. Allí dejó constancia de una respuesta que le había dado el Tribunal de Cuentas cuando consultó sobre la aplicación de esa partida de uso discrecional en 2014. “La contestación fue que ‘no es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto. Esta, tal como dijimos, es devuelta a origen una vez intervenida por este Tribunal de Cuentas”, afirmó Duguech, citando el escrito elevado por el ente de control.
El 14 de octubre pasado, el ciudadano elevó otra nota al Tribunal de Cuentas solicitando más información. La respuesta tuvo idéntico sentido que la anterior. “La aplicación detallada de los fondos aplicados para gastos sociales se encuentra en la Legislatura, puesto que en cada caso la Delegación Fiscal destacada en este TC, en el Poder Legislativo, interviene sin que surgiera observación al respecto, quedando la documentación intervenida radicada en sede legislativa”, repitió Duguech en el texto que envió al vicegobernador Jaldo.
El ciudadano, que espera la contestación oficial, sostuvo que todos los gastos por ayudas sociales deben estar rendidos con documentación, debido a la Ley de Administración Financiera.
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