Nada mejora cuando el fisco agobia

El esquema económico gestado a partir de la salida de la convertibilidad, a inicios del 2002, se basó en los lo que se denomina superávit gemelos. Esto es: superávit fiscal (los ingresos del estado superan el gasto) y superávit en el comercio internacional (las exportaciones superan las importaciones).

La importante devaluación del peso argentino en relación con el dólar, y el incremento de los precios internacionales de los principales productos de la canasta exportadora argentina, hicieron que Argentina recuperara solvencia fiscal e incrementase la oferta de divisas. Es decir, la Argentina recuperó competitividad basada en la devaluación de su moneda. Se trata de una competitividad precaria, de corto plazo, que sólo permite ganar tiempo para incorporar en la economía factores de competitividad genuina (sistema tributario, infraestructura, clima de negocios, institucionalidad, entre otros).

Pero la política económica no se orientó a mejorar la competitividad genuina, sino que continuó con un esquema de economía en emergencia. La mejora en los recursos permitió expandir el gasto a valores record, mientras continuaron manteniéndose impuestos altamente distorsivos como las retenciones y el impuesto al cheque. Es decir se impulsó un esquema de política fiscal y monetaria expansiva, atrasando tarifas de servicios públicos mientras en paralelo crecían los subsidios estatales disimulando el verdadero precio de las prestaciones de gas, electricidad, agua, transporte entre otros.

En este contexto, las provincias tuvieron incentivos para incrementar el gasto público, cuyo principal componente es el destinado a salarios. En promedio, el 60% del gasto corriente de las provincias se destina a sueldos. En forma paralela, dado que la política económica no se enfocó en mejorar el clima de negocios para alentar la calidad de inversiones que generen calidad de empleo, se optó por continuar multiplicando los denominados planes sociales que distribuyen entre las provincias. Los planes son empleo público.

En lugar de utilizar los recursos originados en la mejora de los términos de intercambio (relación entre precios de exportación e importación), bajar la presión fiscal y fomentar la inversión, el fisco aceleró la voracidad fiscal. Es que crecieron exponencialmente los subsidios, la inflación y el intervencionismo en la economía.

Claro que en este esquema las tasas de desempleo tienden a bajar. El problema es la calidad de empleo que se genera. En la medida en que el sector productivo empieza a tener problemas de rentabilidad, porque se acaba la competitividad basada en el tipo de cambio, no se crea un clima de negocios que atraiga inversión, el Estado tiene fuertes incentivos a incrementar el empleo público.

Más por menos

¿Cómo se financia el Estado? Mediante impuestos que paga el sector productivo. Pero llega un punto en el cual el Estado empieza a tener problemas de financiamiento, como desde hace varios años viene sucediendo en Argentina, puesto que los impuestos no alcanzan y se recurre al Banco Central, la Anses, el PAMI... La anunciada sintonía fina implica que no puede mantenerse el ritmo de crecimiento de gasto público y que las provincias y municipios, empezaron a tener serios problemas de financiamiento.

Esto explica los recientes sucesos de Santa Cruz, la nueva prórroga de las deudas provinciales, las reformas en materia tributaria, los incrementos de impuestos. Es decir, se ahoga más al sector productivo, que pierde incentivos a la inversión, y por lo tanto a la generación de empleo. Por ello, cuando la carga fiscal agobia, no genera mejoras en el bienestar de las sociedad, sino más atraso y pobreza.