28 Octubre 2009 Seguir en 
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BUENOS AIRES.- El Gobierno porteño presentó una denuncia penal contra el Ejecutivo nacional por "boicotear" a la Policía Metropolitana, en la que advirtió la existencia de persecuciones y "falta de cooperación", y pidió allanamientos en dependencias de la Nación.
En el marco de la investigación por espionaje del ex policía Ciro James, que era empleado del Gobierno porteño, la Procuración General de la Ciudad realizó la presentación ante el juez federal número 3, Daniel Rafecas, por orden del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
En la denuncia afirmaron que desde la creación de la Policía Metropolitana, "sistemáticamente existieron fuertes interferencias por parte del Gobierno Nacional contra el de la Ciudad, utilizando principalmente a las autoridades de la Policía Federal Argentina, para impedir la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza".
"Desde el Gobierno Nacional se implementó una sistemática política de falta de cooperación en todas las oficinas públicas nacionales que necesariamente debían coordinar su trabajo con la Policía Metropolitana", acusó en la presentación.
En esta línea, critica a las autoridades de la Policía Federal, en especial al "comisario Oriolo", que al serle solicitada una reunión para buscar bases comunes de acuerdos con su par de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, contestó: "no podría ser recibido por expreso condicionamiento político".
Además, el Gobierno porteño aseguró que aquellos integrantes de la fuerza federal que tomaron la decisión de pasarse a la naciente policía porteña fueron sumariados "sin otra causa que amedrentar y demorar los trámites de baja y de retiro, produciéndose así una persecución individual".
En la denuncia también se acusó a la Nación de realizar "gestiones ante el Ministerio del Interior de Italia, para impedir el embarque en aquel país de las pistolas Beretta que habían sido adquiridas para la Policía Metropolitana, cuyo proveedor no ha podido completar el trámite de importación". En tanto, el Gobierno porteño sugirió al juez Rafecas realizar allanamientos en el Departamento Central de Policía Federal, y en el Ministerio de Justicia Nacional, "con el objeto de secuestrar documentación vinculada con James".
También pidieron que el ministro de Justicia, Julio Alak, informe la cantidad de personal de inteligencia que trabaja en la comuna porteña. Mientras tanto, el miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA, Sergio Burstein, víctima de escuchas ilegales, envió una carta documento a Macri, para que se retracte de sus denuncias que lo involucraría en un presunto complot contra la Policía Metropolitana. (NA)
BUENOS AIRES.- El Gobierno porteño presentó una denuncia penal contra el Ejecutivo nacional por "boicotear" a la Policía Metropolitana, en la que advirtió la existencia de persecuciones y "falta de cooperación", y pidió allanamientos en dependencias de la Nación.
En el marco de la investigación por espionaje del ex policía Ciro James, que era empleado del Gobierno porteño, la Procuración General de la Ciudad realizó la presentación ante el juez federal número 3, Daniel Rafecas, por orden del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
En la denuncia afirmaron que desde la creación de la Policía Metropolitana, "sistemáticamente existieron fuertes interferencias por parte del Gobierno Nacional contra el de la Ciudad, utilizando principalmente a las autoridades de la Policía Federal Argentina, para impedir la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza".
"Desde el Gobierno Nacional se implementó una sistemática política de falta de cooperación en todas las oficinas públicas nacionales que necesariamente debían coordinar su trabajo con la Policía Metropolitana", acusó en la presentación.
En esta línea, critica a las autoridades de la Policía Federal, en especial al "comisario Oriolo", que al serle solicitada una reunión para buscar bases comunes de acuerdos con su par de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, contestó: "no podría ser recibido por expreso condicionamiento político".
Además, el Gobierno porteño aseguró que aquellos integrantes de la fuerza federal que tomaron la decisión de pasarse a la naciente policía porteña fueron sumariados "sin otra causa que amedrentar y demorar los trámites de baja y de retiro, produciéndose así una persecución individual".
En la denuncia también se acusó a la Nación de realizar "gestiones ante el Ministerio del Interior de Italia, para impedir el embarque en aquel país de las pistolas Beretta que habían sido adquiridas para la Policía Metropolitana, cuyo proveedor no ha podido completar el trámite de importación". En tanto, el Gobierno porteño sugirió al juez Rafecas realizar allanamientos en el Departamento Central de Policía Federal, y en el Ministerio de Justicia Nacional, "con el objeto de secuestrar documentación vinculada con James".
También pidieron que el ministro de Justicia, Julio Alak, informe la cantidad de personal de inteligencia que trabaja en la comuna porteña. Mientras tanto, el miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA, Sergio Burstein, víctima de escuchas ilegales, envió una carta documento a Macri, para que se retracte de sus denuncias que lo involucraría en un presunto complot contra la Policía Metropolitana. (NA)
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