Renunció uno de los jueces que investigan el caso del tucumano asesinado en Santiago del Estero
El magistrado había sido cuestionado por el abogado de la familia de la víctima porque se demoró en ordenar el reconocimiento del cuerpo. Se sospecha que Raúl Domíngez fue muerto por haber denunciado que en esa provincia funcionaba una oficina "paralela".
05 Julio 2008 Seguir en 
SANTIAGO DEL ESTERO, (De nuestro enviado especial, Gustavo Rodríguez).- De manera sorpresiva, el juez Abelardo Basbús decidió apartarse de la investigación que se inició luego del hallazgo del cuerpo del tucumano Raúl Eduardo Domínguez.
El magistrado, de acuerdo con la información oficial, remitió su causa al juez Gustavo Herrera, que investigaba la desaparición del tucumano. En la última foja del expediente figura el acta donde los familiares de la víctima reconocieron la ropa y el crucifijo que llevaba Domínguez antes de ser asesinado.
Basbús había sido duramente cuestionado por José Eduardo Herrera, representante legal de la familia Domínguez, quien sostuvo que el juez demoró el reconocimiento para que se perdieran pruebas y tiempo en una investigación compleja. El juez Herrera deberá esperar ahora el resultado de una pericia genética para confirmar que el cuerpo que se encontró el 26 de mayo es el de Domínguez.
Timbrados truchos
El tucumano fue asesinado después de haber denunciado una millonaria estafa contra la Dirección General de Rentas de esta provincia. "Al parecer un grupo de personas hacía los timbrados correspondientes pero no registraba la operación. Esto es tan sólo una sospecha, porque todo se está investigando y muchos detalles no podemos precisar, porque todo quedó en manos de la Justicia", aseguró Marcelo Roger, director de Rentas de Santiago del Estero
Según el representante de la familia de Domínguez, la historia tiene un fondo que desatará un escándalo. "Es poco probable que se ordene matar a una persona porque detectó un timbrado trucho de $ 136", señaló. En abril, Domínguez recibió el reclamo de un contribuyente, que le avisó que el timbrado que le habían colocado en un 08 ?documento que se utiliza en las transferencias de vehículos entre particulares- era falso. La víctima no dudó y lo informó a sus superiores. Estos iniciaron una investigación interna y decidieron realizar la demanda ante la sección Delitos Económicos de la Policía santiagueña. Con el correr de los días, los funcionarios confirmaron que dentro del organismo funcionaba una organización dedicada a estafar al fisco.
Fuentes policiales y judiciales le confirmaron a LA GACETA que empleados, en complicidad con algunos gestores, habían montado una oficina paralela. "Se piensa que operaban en su domicilio, aunque también manejamos la versión de que montaron una oficina en las cercanías de Rentas", expresó una alta fuente de la Justicia.
La pesquisa avanzaba y todo hacía suponer que la versión que en dos oportunidades Domínguez le contó a la Policía era creíble. Sin embargo, todo cambió cuando el denunciante desapareció el martes 13 de mayo. "Ahí nos convencimos de que algo malo estaba pasando. Ni hablar cuando 13 días después se encontró el cadáver cerca de su casa", explicó el informante.
Días después de que la víctima desapareciera, en las puertas del baño de Rentas se encontraron leyendas intimidatorias en contra de Domínguez. "Todo fue muy raro, había un clima tenso. Después aparecieron mensajes que querían ensuciar a Domínguez. Llamé a la Policía y comencé a ser amenazado. Evidentemente a alguien le molestaba lo que estábamos haciendo", aseguró Roger.
Oficina clave
En la oficina donde trabajaba la víctima se sellaban todo tipo de certificados y contratos. Desde la venta de vehículo, pasando por la escrituración de un campo y hasta la adjudicación de una obra pública, como la edificación de la nueva terminal de ómnibus, obra que tendrá un costo de $ 54 millones. Ante la gravedad del caso, el juez Juan Jorge inició una investigación y ordenó el allanamiento de varias viviendas de compañeros de labor del tucumano que por esos momentos seguía trabajando. En la casa de uno de ellos, los policías encontraron $ 240.000 en efectivo. "Con esa plata se podría haber comprado todas las casas del barrio donde vivía", bromeó José Herrera.
Doce sospechosos
Jorge ordenó la detención de 12 personas; ocho de ellas eran empleados de Rentas y las demás, gestores. Según confirmaron fuentes judiciales, sólo cuatro de ellas se encuentran detenidas; los otros recuperaron la libertad después de haber pagado fianzas de más de $ 300.000 cada uno.
El juez Jorge hasta el momento no pudo determinar cuál es el monto de la estafa. Estas maniobras habrían comenzado en 2005. Según los datos aportados por Roger, durante todo el año pasado, la sección Timbrado recaudó $ 33,6 millones, mientras que hasta el primer semestre del año, ingresaron al fisco $ 21. Por las dudas, la Fiscalía de Estado de esta provincia se presentó como actor civil y estimó en por lo menos $ 4 millones el daño que sufrió. Claro que este monto, con el correr de la investigación puede ser modificado.
El magistrado, de acuerdo con la información oficial, remitió su causa al juez Gustavo Herrera, que investigaba la desaparición del tucumano. En la última foja del expediente figura el acta donde los familiares de la víctima reconocieron la ropa y el crucifijo que llevaba Domínguez antes de ser asesinado.
Basbús había sido duramente cuestionado por José Eduardo Herrera, representante legal de la familia Domínguez, quien sostuvo que el juez demoró el reconocimiento para que se perdieran pruebas y tiempo en una investigación compleja. El juez Herrera deberá esperar ahora el resultado de una pericia genética para confirmar que el cuerpo que se encontró el 26 de mayo es el de Domínguez.
Timbrados truchos
El tucumano fue asesinado después de haber denunciado una millonaria estafa contra la Dirección General de Rentas de esta provincia. "Al parecer un grupo de personas hacía los timbrados correspondientes pero no registraba la operación. Esto es tan sólo una sospecha, porque todo se está investigando y muchos detalles no podemos precisar, porque todo quedó en manos de la Justicia", aseguró Marcelo Roger, director de Rentas de Santiago del Estero
Según el representante de la familia de Domínguez, la historia tiene un fondo que desatará un escándalo. "Es poco probable que se ordene matar a una persona porque detectó un timbrado trucho de $ 136", señaló. En abril, Domínguez recibió el reclamo de un contribuyente, que le avisó que el timbrado que le habían colocado en un 08 ?documento que se utiliza en las transferencias de vehículos entre particulares- era falso. La víctima no dudó y lo informó a sus superiores. Estos iniciaron una investigación interna y decidieron realizar la demanda ante la sección Delitos Económicos de la Policía santiagueña. Con el correr de los días, los funcionarios confirmaron que dentro del organismo funcionaba una organización dedicada a estafar al fisco.
Fuentes policiales y judiciales le confirmaron a LA GACETA que empleados, en complicidad con algunos gestores, habían montado una oficina paralela. "Se piensa que operaban en su domicilio, aunque también manejamos la versión de que montaron una oficina en las cercanías de Rentas", expresó una alta fuente de la Justicia.
La pesquisa avanzaba y todo hacía suponer que la versión que en dos oportunidades Domínguez le contó a la Policía era creíble. Sin embargo, todo cambió cuando el denunciante desapareció el martes 13 de mayo. "Ahí nos convencimos de que algo malo estaba pasando. Ni hablar cuando 13 días después se encontró el cadáver cerca de su casa", explicó el informante.
Días después de que la víctima desapareciera, en las puertas del baño de Rentas se encontraron leyendas intimidatorias en contra de Domínguez. "Todo fue muy raro, había un clima tenso. Después aparecieron mensajes que querían ensuciar a Domínguez. Llamé a la Policía y comencé a ser amenazado. Evidentemente a alguien le molestaba lo que estábamos haciendo", aseguró Roger.
Oficina clave
En la oficina donde trabajaba la víctima se sellaban todo tipo de certificados y contratos. Desde la venta de vehículo, pasando por la escrituración de un campo y hasta la adjudicación de una obra pública, como la edificación de la nueva terminal de ómnibus, obra que tendrá un costo de $ 54 millones. Ante la gravedad del caso, el juez Juan Jorge inició una investigación y ordenó el allanamiento de varias viviendas de compañeros de labor del tucumano que por esos momentos seguía trabajando. En la casa de uno de ellos, los policías encontraron $ 240.000 en efectivo. "Con esa plata se podría haber comprado todas las casas del barrio donde vivía", bromeó José Herrera.
Doce sospechosos
Jorge ordenó la detención de 12 personas; ocho de ellas eran empleados de Rentas y las demás, gestores. Según confirmaron fuentes judiciales, sólo cuatro de ellas se encuentran detenidas; los otros recuperaron la libertad después de haber pagado fianzas de más de $ 300.000 cada uno.
El juez Jorge hasta el momento no pudo determinar cuál es el monto de la estafa. Estas maniobras habrían comenzado en 2005. Según los datos aportados por Roger, durante todo el año pasado, la sección Timbrado recaudó $ 33,6 millones, mientras que hasta el primer semestre del año, ingresaron al fisco $ 21. Por las dudas, la Fiscalía de Estado de esta provincia se presentó como actor civil y estimó en por lo menos $ 4 millones el daño que sufrió. Claro que este monto, con el correr de la investigación puede ser modificado.
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