Aún no se tramita la renovación del permiso provincial

La empresa Servicios y Construcciones La Banda, que realiza el tratamiento de 700 toneladas de basura por día en el predio de Pacará Pintado, no gestionó todavía la renovación del certificado oficial de aptitud ambiental que otorga el Estado, pese a que el vigente vence el próximo 26.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, Sergio Villafañe, confirmó ayer a LA GACETA que aún no se abrió ningún trámite para solicitar una ampliación del apto en el Consejo Provincial de Economía y Ambiente, órgano encargado de evaluar los permisos.
El funcionario participó de la inspección ocular que efectuó el juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz, en la planta. Aclaró que estuvo allí al solo efecto de contestar algunas preguntas técnicas sobre la situación, ya que no es parte en el proceso abierto por Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales contra La Banda. Sin embargo, destacó que la realización de la prueba judicial le servirá al Consejo para formar un criterio.
"Esta inspección facilitará el análisis de la verdadera magnitud de la problemática del tratamiento de los residuos sólidos. Nos resulta útil esta instancia, porque es una forma de abrir las puertas a todo el mundo sobre este tema sensible", explicó.
El director recordó que, para obtener la última extensión del apto ambiental, la empresa debió presentar una auditoría externa a cargo de la firma IRAM, y que deberá presentar una nueva si quiere otra renovación del permiso. "La idea es compararlas para poder ajustar los controles. Si son objetivas las auditorías, señalan lo que está bien y lo que está mal y tienen recomendaciones", planteó.
Villafañe señaló que respondió más de cuatro oficios judiciales sobre las condiciones impuestas a la planta cuando se le amplió la capacidad de procesamiento de la basura. Recalcó que su dirección no tiene jurisdicción actual sobre este tema, sino que está a cargo de una Unidad Ejecutora creada especialmente como autoridad de aplicación. "Nosotros somos una oficina de apoyo: controlamos la vigencia de las normas y otorgamos los aptos a través del Consejo. Más allá de ese límite, por primera vez, estuvimos haciendo una evaluación ambiental que permitirá tener una fotografía de la situación de esta planta, lo que evitará tener información dispersa o errónea. Fue una labor de 15 personas, que trabajaron durante más de 10 días en este documento, que será girado a la Justicia", puntualizó.