Definen en 40 días el futuro de Pacará Pintado

Unos 200 metros antes de llegar a la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado, por el deteriorado camino de tierra que transitan cientos de camiones cargados hasta el tope cada día, y entre unas viviendas precarias, un cartel advierte "Prohibido arrojar basura".
Ese fue el entorno por el que transitó ayer el juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz, quien encabezó una inspección ocular al lugar. Lo hizo en el marco de la causa impulsada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La ONG denunció el presunto incumplimiento por parte de la empresa Servicios y Construcciones La Banda (SCLB) del contrato firmado con varios municipios para la recolección de los residuos domiciliarios e industriales y su disposición final. Esta historia puede llegar a concluir con el cierre de la planta. Sólo de la capital cobra $ 515.000 por mes, a partir de un aumento decretado por la intendencia en febrero. (Ver "Valor del servicio...")

Visita guiada
Durante toda la medida probatoria, el magistrado estuvo acompañado por el responsable de SCLB, Mario Criado, quien le explicó cada paso de las operaciones que se realizan en el lugar. También participaron referentes ambientalistas y de la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia. En el portón de acceso se congregaron vecinos del lugar, que protestaban por los malos olores, el agua estancada (a 15 metros del lugar se extrae tierra para relleno sanitario de la basura, lo que generó un profundo pozo de casi una hectárea) y la constante aparición de alimañas en la zona.
Aráoz recorrió el interior de la planta por más de tres horas, beneficiado por el clima fresco y una brisa que hacía algo más soportable el hedor. Allí pudo observar de modo directo tanto los piletones de montículos tapados con lonas (interconectados con mangueras para el venteo de los gases de descomposición) como las montañas de residuos todavía sin cubrir.
Entre los objetivos de la decisión judicial figuraban constatar el tratamiento a la basura, la emisión de olores y las dimensiones del predio y su cercanía al río Salí. Cuando, cerca de las 13, el juez se retiró, fue muy cauto a la hora de hablar con LA GACETA y de dar su balance sobre lo actuado.
"Es una etapa muy breve del proceso, como parte de la prueba que dispuse. Estoy impedido de emitir opinión hasta el momento de emitir sentencia. He tenido una gran satisfacción de conocer en directo esta planta y sus detalles. Pude tener una visión completa y me voy satisfecho respecto de la ejecución de la medida, porque todos los presentes pudimos hacer preguntas, y no hubo cortapisas ni mezquindades", sostuvo.
El magistrado admitió que todavía tiene tiempo para decidir la realización de nuevas pruebas y recibir las que se están sustanciando, pero señaló que la sentencia en esta causa (se tramita bajo la figura del amparo) se conocerá antes de la feria judicial de invierno, prevista a partir del lunes 14 de julio.

Reclamos de vecinos
Aráoz fue abordado por los vecinos de la planta, que le formularon sus críticas sobre el funcionamiento del lugar. "Es hora de que el Estado haga algo. Deben dejar de contaminar el suelo, el agua, el aire. Tenemos que comprar agua en bidones, porque desde el Siprosa nos dijeron que no tomemos de la canilla", afirmó Miguel Angel Ruiz.
Sus dichos fueron corroborados por Lucía Leal: "reclamamos de todo, salud por empezar para nuestros mayores y nuestros niños; es insoportable el olor nauseabundo cuando destapan el basural y gastamos $ 16 por un bidón de 20 litros de agua y compro tres por día. Además, no nos tienen consideración y ni siquiera podemos tener diálogo con Criado, porque es prepotente y no quiere hablar con nadie", agregó.