Cuando el objetivo es que Tucumán sea el centro neurálgico del NOA

Los economistas miramos con suspicacia las intervenciones de cualquier tipo en los mercados, ya que en estos casos, los resultados dejan de ser óptimos, caso típico son los precios máximos para frenar la inflación. Esto es cierto especialmente en el proceso de inversión. Para entender esto, pensemos por un momento como empresarios. Al tener una idea esperamos que se respeten nuestros derechos de propiedad sobre ella y sobre las ganancias que pudiéramos obtener. De allí la importancia del marco institucional.
Para evaluar el proyecto, calculamos los ingresos futuros: cantidad de los bienes o servicios que se venderán, multiplicados por su precio unitario. Por otro lado, tenemos los costos: los empleados se van a contratar por sus respectivos salarios, la cantidad de materia prima por su precio y los pagos de alquiler, energía e intereses por los préstamos que obtuvimos para adquirir el capital necesario. Además, y en esto se diferencia el costo económico del contable, debemos imputar un costo por el capital propio que aplicaremos al negocio. Finalmente, consideramos la estructura de costos impositivos. Como los ingresos y costos ocurren a través del tiempo, durante la vida del proyecto de inversión, debemos ajustar por la inflación esperada y por la tasa de interés real (sin inflación). Una vez concluidos estos cálculos, hacemos la diferencia entre ingresos menos costos. Si el resultado neto es positivo, nos conviene iniciar el emprendimiento; si el resultado es negativo, perderemos dinero y no invertiremos.
En teoría, la presencia del Estado disminuye muchos costos relacionados con las transacciones, seguridad, ejecución de los contratos y respeto de los derechos de propiedad pero, también sube los costos por la estructura impositiva. Además, el escenario se complica al tener un Gobierno nacional y muchos provinciales disputándose los proyectos de inversión.
Un mayor grado de complejidad se alcanza si reconocemos que, eventualmente, los mercados no se comportan competitivamente o existe alguna intervención previa del Estado, en ambos casos se genera una distorsión, con lo que la asignación de recursos deja de ser óptima. Para corregir tal situación y restablecer el óptimo, se debe identificar el lugar preciso dónde ocurre la distorsión: mercado de factores productivos, proceso productivo de bienes o servicios, consumo de las familias, o comercio internacional, para usar el instrumento de política acertado.

En el lugar preciso
Si en lugar de corregir una distorsión se intenta alcanzar un objetivo socialmente aceptado, también es importante aplicar la política instrumental en el lugar preciso y en la medida justa para lograr el resultado deseado.
Así, con estas pocas herramientas a mano, podemos decir algo sobre los tres casos de subsidios por parte del Gobierno de Tucumán a empresas. Para el caso del "contact center" y de la empresa de software, que intentan aumentar el empleo entre los jóvenes con alguna instrucción, hay que preguntarse: ¿Son los primeros emprendimientos que se realizan en la provincia? Es probable que la respuesta sea sí para el "contact center" pero, dudo que el segundo caso sea la primera empresa de software en Tucumán. Aún más, en ambos casos, la recomendación del principio económico señala como política óptima el subsidiar el empleo de gente joven. En ese sentido son correctas ambas leyes pero es difícil justificar con este argumento los subsidios a los alquileres y la publicidad del sistema de programación, también incluidos en la legislación. Probablemente, se argumente como justificación, la disputa entre las diferentes jurisdicciones por nuevas inversiones. Pero, el resultado conjunto de subsidio al trabajo y subsidios a otros factores puede introducir nuevas distorsiones y por lo tanto no es claro que sea óptimo.
En el caso del subsidio condicional a la empresa aérea para que cubra la ruta Tucumán-Aeroparque-Tucumán, que se activa cuando el porcentaje de ocupación promedio quincenal no alcance el 69%, estamos ante un objetivo aceptado por muchos, pero que sólo beneficia a aquellos que consumen estos servicios, que se reducen a un limitado estrato de la sociedad. Aunque algún beneficio extra podría generarse sobre la sociedad tucumana al aumentar la competencia con una empresa monopólica como Aerolíneas Argentina. Si bien, el lugar donde se interviene es el correcto, todavía quedaría por dilucidarse si el 69% es la medida justa de la intervención.Aunque como economista creo que los incentivos económicos, canalizados por los precios en mercados, aproximadamente competitivos, hacen máximo el ingreso de las familias, no puedo ignorar que estos casos de instrumentos y políticas podrían ser importantes para definir dinámicamente el perfil de nuestra provincia. Así, cada caso debería ser objeto de una evaluación social de proyectos para mejorar siempre la asignación de recursos. El cuidadoso uso de los recursos del Estado, combinado con el crecimiento privado en los servicios claves de informática, comunicaciones, financieros, logística, con mano de obra altamente calificada generada por las universidades radicadas en la provincia, sin descuidar la responsabilidad estatal en la inversión vial y en infraestructura, apunta hacia ese Tucumán, centro neurálgico del NOA e integrado al resto de los países latinoamericanos, que todos soñamos.