La división de poderes se instala en el centro del conflicto político en la Argentina

Para una posición mayoritaria en el plano de la opinión publica (es dominante en la doctrina constitucional argentina tradicional y también es recogida por casi todo el arco político de la oposición y reflejada en línea editorial de los principales medios de prensa y en los círculos profesionales de jueces y abogados), la interpretación correcta de la división de poderes es la que postula una independencia entre los tres poderes del Estado, entendida como la autonomía absoluta e incondicional entre ellos. En cambio, para una posición minoritaria, expresada sobre todo en el discurso parlamentario actual del oficialismo, sustentada en el debate por funcionarios del Ejecutivo nacional  y por la casi totalidad de los gobernadores, la interpretación de la división debe ser muy diferente: en una República constitucional, los poderes no son independientes sino interdependientes. El sistema de pesos y contrapesos diseñado en “El Federalista” y el modelo norteamericano adoptado en 1853 y perfeccionado en 1994 es, en realidad, un sistema integrado de convergencias y divergencias, regido por la doble lógica del control y la cooperación entre los poderes.
Contra lo que predican los profesores de derecho constitucional, el sistema argentino es idéntico al imperante en el resto de las democracias del mundo, incluido los Estados Unidos. En el Congreso -argumentan los sostenedores de esta posición- lo que existe de hecho es un partido de Gobierno, cuya función es sostenerlo a rajatabla y cueste lo que cueste, defendiendo sus posiciones hasta donde se lo permitan las mayorías disponibles. Enfrente se sitúan los partidos de la oposición, cuya función es la oponerse, vetar e impedir a toda costa que prospere ese proyecto político.
Estas son, de un modo por cierto muy simplificado, las posiciones básicas en conflicto. Queda claro que el debate es, en el fondo y en las formas, un debate de poder, de esos que no suelen resolverse en el plano abstracto de las ideas y argumentos doctrinales y que se perpetúan hacia el futuro con costos inmensos para el ciudadano común, al menos en términos de calidad y estabilidad de las instituciones.
Una buena receta para aminorar los costos sociales más severos de este conflicto es oponerle a los protagonistas un sano realismo crítico, equidistante de los extremos en conflicto y atento, sobre todo, a un permanente análisis de las consecuencias sociales de cada una de las interpretaciones en pugna. La reinterpretación del principio de división de poderes es un tema central en todas las democracias avanzadas.
Gobierno, administración, legislación y jurisdicción son realidades muy complejas que poco tienen que ver con los panfletos o discursos políticos de finales del siglo XIX. En un Estado moderno comparten en realidad un núcleo funcional común, y guardan relaciones dinámicas, que combinan autonomía mutua y cooperación. La clave está en recrear una idea renovada y sólida del bien común, sin la cual el debate tiende a centrifugarse en posiciones irreconciliables regidas por la ambición y el egoísmo político.