Necesaria interdependencia

En todo sistema democrático, el Poder Legislativo es el ámbito de la representación popular, donde encontramos prácticamente a todos los políticos elegidos por la ciudadanía. El Ejecutivo y el Judicial tienen mayoría de miembros no elegidos por el pueblo. Este esquema tiene como meta moderar la relación entre gobernantes y gobernados mediante un sistema de pesos y contrapesos, que conocemos como división de poderes. Uno advierte, con cierta preocupación, que tiende a confundirse esa división con algo muy distinto: su independencia. En una democracia con buena salud institucional, los poderes no deben ser independientes, sino interdependientes. Esto es, legitimar conjuntamente los actos de gobierno en un circuito de proposición, sanción y observancia de las leyes.
La Legislatura tiene una doble responsabilidad: es el lugar donde deben ser respetados y defendidos los deseos de la mayoría y, al mismo tiempo, el espacio donde deben ser escuchados y respetados los derechos de las minorías.
Entreveo dos desafíos para la Legislatura, ambos relacionados con la salud institucional del sistema político. El primero tiene que ver con el Estado y el bienestar (o el estado de bienestar). Tras la masiva retirada del Estado durante la larga hegemonía neoliberal (de 1976 a 2001), hoy asistimos a una bienvenida reactivación de su rol en la defensa de los derechos y la seguridad social de la población. Esto tiende a otorgarle una marcada primacía al Ejecutivo sobre los otros poderes. Sus ministros son los principales referentes de la “ejecutividad”. Es fundamental no subordinar la interdependencia de poderes a la voluntad de gestión o de ejecutividad. Mejorado el espantoso cuadro social de hace cuatro años, es hora de fortalecer los derechos recuperados a través de su protección institucional; para este fin, los poderes deben actuar de modo interdependiente, no subordinado. El legado más importante que un Gobierno puede dejarle a sus ciudadanos en bienestar consiste en, una vez alcanzados o recuperados ciertos derechos, garantizar que persistan en el tiempo. Tomó treinta años de desmovilización popular forzada para que la Argentina retroceda en cuanto a derechos adquiridos hasta 1976. Mejorar el presente, protegernos para el futuro.
El otro desafío se relaciona con la representación política. Todo cuerpo legislativo en la Argentina actual navega a la deriva en el océano de un mapa político en profundo cambio. Al estar en crisis los partidos, se debilita su rol de interfase entre la sociedad y la política. Eso aumenta la responsabilidad de la Legislatura, que debe extremar sus esfuerzos para mantener esa mediación con vida. De lo contrario se corren dos riesgos simultáneos: la disgregación o, en el otro extremo, la concentración extrema de poder. Tiene una tarea de suma complejidad pero indudablemente atractiva, ya que debe ser un actor clave en la reconstrucción de los mecanismos de representación política luego de la implosión de 2001. Para ello, la interdependencia de los poderes es un condición sine qua non.