"La independencia judicial es la garantía de todos los ciudadanos"

SALTA.- El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), Carlos Andreucci, tomó partido en la polémica generada por las declaraciones del gobernador José Alperovich. Este se quejó de que no haya una sentencia en las causas en las que son cuestionadas diversas disposiciones de la Constitución provincial sancionada el año pasado. En particular, el mandatario responsabilizó al Colegio de Abogados de Tucumán, que preside Antonio Bustamante (entabló la primera de las seis demandas), por la imposibilidad de integrar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), para cubrir cargos vacantes en la Justicia.
“Debatir calidad institucional no es un tema de tiempos ni de urgencias. Si hay que discutir a fondo la mejor calidad para el futuro, diferir la integración de un CAM puede hacer bien en la medida en que llegue a tener reconocimiento judicial un planteo en defensa de la mayoría y no de unos pocos. El gobernador está en un ejercicio político, pero precisamente debe separarse una decisión de la Justicia de una acción política”, aseveró.
El profesional encabeza la XV Conferencia Nacional de Abogados, durante la que los letrados discutieron sobre el ejercicio profesional y sobre la necesidad de que haya una Justicia realmente independiente del poder político.
“Los procesos judiciales tienen un esquema que es totalmente distinto, un ida y vuelta. La tardanza o la celeridad de la Justicia pasa por otros caminos. La burocracia judicial, la lentitud en los despachos o la judicialización de los problemas no se producen porque los abogados sean proclives a ello”, subrayó.
Andreucci recordó, además, que la Faca opinó sobre la cuestión tucumana ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En el carácter de amicus curiae (amigo del tribunal) criticó la forma en que la Carta Magna provincia diseñó el CAM y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El conductor de la FACA advirtió que la sociedad está sufriendo graves menoscabos en muchos derechos constitucionales (como los de la defensa en tiempo oportuno y a un juez independiente, imparcial y probo) por avasallamientos de las estructuras del poder, con casos muy delicados como el allanamiento de estudios jurídicos.
“Hay una fuerte presión en muchos sectores de la Nación y de las provincias, que coartan la posibilidad de tener una Justicia realmente independiente. Otras veces nos preguntamos si el juez está actualizado, si sabe de lo que tiene que resolver, si está metido en la sociedad en la que vive, y si comprende las necesidades de la democracia, de la república y de los derechos humanos. La independencia del magistrado no es un privilegio, sino la defensa y garantía de todos los ciudadanos”, reflexionó.  
El letrado recomendó que se ayude a los buenos jueces para que lo sigan siendo e instó a estos a que no tengan temores a soportar un juicio político si fallan en un sentido determinado. Además, se pronunció a favor de que los diferentes sectores tengan una representación equilibrada en los Consejos de la Magistratura, para que ningún sector pueda actuar en “avalancha” por malhumor político.