Advierten sobre una politización de la Justicia

Duras críticas recibió la forma en que la Constitución provincial sancionada en 2006 diseñó el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mecanismos previstos para la selección y remoción de los jueces. Cuatro organizaciones y dos especialistas, todos vinculados al derecho, advirtieron sobre el serio peligro de que en Tucumán la preponderancia del factor político en ambos institutos, ya sea por vía del Poder Ejecutivo o de la Legislatura, deteriore la independencia del Poder Judicial.
Rodolfo Novillo, presidente de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la causa promovida por el Colegio de Abogados contra cuatro aspectos de la Carta Magna, admitió en el carácter de “amicus curiae” (amigos del tribunal) las presentaciones efectuadas por las federaciones argentinas de la Magistratura (FAM) y de Colegios de Abogados (FACA); la Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho (Prade), de Santiago del Estero; así como por los abogados Clímaco de la Peña y Juan Carlos Wlasic (profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y de Teoría Constitucional en la Universidad Nacional de Mar del Plata). Antes, ya había dispuesto lo mismo respecto de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
La intervención de la FACA, por medio de su titular, Carlos Andreucci, era previsible porque el Colegio de Abogados forma parte de ella. Lo que sorprendió fue la decisión de la FAM (reúne a todos los jueces provinciales del país) de pedir que su posición fuera escuchada en el expediente. “Reviste una gravedad institucional de una magnitud tal la cuestión debatida que es nuestro deber emitir una opinión al respecto”, advirtió el salteño Abel Fleming, presidente de la FAM, en el memorial presentado.

Falta de equilibrio
Los denominados “amicus”, expertos convocados para expresar su posición libre y no vinculante en cuestiones en las que por su trascendencia está comprometido el interés social, se quejaron de que la Convención Constituyente se haya apartado de los lineamientos marcados por la Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma constitucional y que fijó los puntos que podían ser modificados.
El catedrático marplatense fue contundente. “Mientras la ley que habilita la reforma señala que tanto el CAM como el Jurado de Enjuiciamiento debían ser regulados constitucionalmente en la sección destinada al Poder Judicial, los convencionales lo hicieron en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Este claro apartamiento, que vulnera los legítimos límites impuestos por la ley a la Convención Constituyente, no es menor ni intrascendente”, manifestó Wlasic.
Asimismo, los “amicus” arremetieron contra la desproporción a favor de los factores políticos (legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo), y en contra de los otros estamentos (jueces y abogados), en la integración de los dos órganos clave para la vida del Poder Judicial.

“Peligroso, al menos”
Los santiagueños de Prade fueron elocuentes. “La nueva Constitución provincial se aparta del estándar consagrado por el artículo 114 de la Constitución nacional, cuando señala el equilibrio como una de las notas esenciales de la composición del Consejo de la Magistratura. Por el contrario, el constituyente tucumano deja librada al Poder Ejecutivo la decisión respecto de su integración, lo cual, a primera vista, resulta peligroso, al menos”,  pronosticó Félix Demasi, presidente de la asociación civil.
Los memoriales acompañados por los “amicus” serán agregados al expediente y serán tenidos en cuenta, aunque no como opinión condicionante, en el momento de emitir la sentencia de fondo.