Descartan que haya sido un mero descuido

En el auto de procesamiento dispuesto, Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, fue lapidario en sus cuestionamientos contra el accionar del antiguo titular del despacho, Felipe Terán, en la causa “Camandona”, entablada contra el Estado nacional como consecuencia de la normativa que pesificó los títulos públicos. “Si el magistrado actuante hubiera ignorado la maniobra y hubiera ejercido su autoridad conforme los mandatos constitucionales y legales, habría advertido las groseras irregularidades que el trámite del proceso presentaba”. Esto aseveró para justificar que Terán era –entre otras imputaciones- presunto coautor de una tentativa de defraudación en perjuicio del Estado.
Racedo desbarató la tesis, sobre la que se había discutido durante el proceso de destitución seguido a Terán, de que las supuestas irregularidades del expediente podían ser endilgadas a meros “descuidos o errores materiales atribuibles al exceso de trabajo o a la poca atención ocasional de algún empleado”. “La causa ‘Camandona’, como también la trascendente causa ‘Borquez’, pondría en evidencia maniobras tendientes a la defraudación del erario público nacional”, enfatizó. Y agregó que lo sucedido no habría pasado si “el magistrado competente hubiera cumplido acabadamente con las funciones y obligaciones que la ley le asignaba”.

Distorsiones
En definitiva, Racedo considera que Terán habría intentado defraudar al Estado y que, con tal fin, habría utilizado todo su poder de magistrado para lograr que, en la causa “Camandona”, fueran percibidos “indebidamente” (y pagados por el Estado) todos los servicios que se encontraban vencidos (renta, amortización, etcétera) en relación con los bonos por cuya pesificación se había accionado contra el erario a nombre de Camandona.
El juez subrogante reprochó a Terán el haber dispuesto y firmado el libramiento de oficios, para notificar al Estado que había dictado una medida cautelar en su contra (el 8 de noviembre de 2004), sin cumplir con lo que su propia resolución ordenaba: la previa caución juratoria del peticionante (en este caso Julio Camandona). Además, Racedo también lo responsabilizó a Terán por haber “dispuesto, librado y firmado el oficio del 20 de abril de 2005, dirigido al Ministerio de Economía, incluyendo en él que debían pagarse todos los servicios que se encontraban vencidos (renta, amortización, etcétera), cuando la resolución (por la del 8 de noviembre de 2004) sólo disponía el pago de la renta mensual correspondiente”. “El magistrado firmó ambos actos procesales, advirtiéndose así la distorsión entre lo resuelto y lo comunicado”, añadió.
La actuación preliminar que dio lugar a la investigación posterior, en virtud de la cual ahora fue dictado el procesamiento, había sido practicada por el fiscal federal Carlos Brito (Nº 2).